En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) surgieron voces a favor de no prohibir, sino de regularizar los mototaxis en la Ciudad de México.
En el marco de los operativos de la autoridad capitalina contra mototaxistas, que en el caso de la delegación Tláhuac se encontraban involucrados con la organización delictiva de Felipe de Jesús Pérez, alias “El Ojos”, abatido en días pasados durante un operativo de la Marina Armada, el diputado Antonio Soto pidió no estigmatizar a todas las personas que ejercen esa actividad.
Al salir en defensa de quienes prestan ese servicio, afirmó que no se puede generalizar ni culparlos, porque algunos ganan de ese modo el sustento de sus familias y lo hacen de manera honrada.
Al reunirse con integrantes de organizaciones sociales, el legislador ofreció solicitar que se abran mesas de diálogo con la autoridad e incluso los órganos legislativos en la Ciudad de México y en el Estado de México, a fin de impulsar su regularización, no su proscripción.
El diputado Soto Espino pidió admitir que son una alternativa de transporte público, y en algunos puntos de la capital, en ocasiones son la única opción que los habitantes de colonias alejadas tienen para llegar a las vías primarias, aunado a que su costo es menor al de un taxi.
Agregó que esa actividad se desarrolló por la falta de una estrategia integral de movilidad en el territorio capitalino, por la desatención a quienes viven en algunas demarcaciones colindantes con el Estado de México, así como por la carencia de empleos formales.
Detalló que un grupo de aproximadamente 250 mototaxistas de las delegaciones Tláhuac, Xochimilco y Venustiano Carranza, donde en días pasados se han realizado operativos policíacos para detenerlos, le solicitaron intervenir y abogar para que no sean retirados de las calles.
El legislador por el Estado de México refirió que los afectados expresaron su preocupación ante la “cacería de brujas” lanzada en su contra, ya que la acción de la autoridad está afectando el ingreso de sus familias.
“No sólo sería injusto calificar y clasificar por igual a todos quienes dan este servicio, sino también riesgoso porque se atenta contra el ingreso familiar de miles de personas”, dijo.