La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las agresiones contra periodistas lamentó que hasta el momento no haya “ningún” avance significativo en las investigaciones sobre los 12 homicidios de comunicadores perpetrados de noviembre del 2016 a la fecha.
La presidenta de dicha instancia parlamentaria y diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Brenda Velázquez, señaló que los legisladores condenan el asesinato del periodista Luciano Rivera, registrado este lunes 31 de julio en el estado de Baja California; así como el ataque al vehículo del periodista Juan Pablo Espinosa, en Sinaloa.
“Al día de hoy no hay ningún avance significativo en las investigaciones y ninguno de los autores materiales ni intelectuales de los homicidios de periodistas han sido capturados y mucho menos sentenciados”, dijo.
La congresista calificó como “inaceptable” la falta de eficacia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Recalcó que en mayo pasado, el titular de ese organismo, Ricardo Nájera, fue removido y sustituido por el fiscal Ricardo Sánchez Pérez, quién no ha entregado resultado alguno y durante el corto periodo que lleva en el puesto, cinco periodistas han sido asesinados.
Velázquez Vázquez subrayó que desde el pasado 20 de junio, cuando el nuevo fiscal se reunió con diputados federales, prometió enviar una copia de su plan de trabajo y hasta la fecha, no ha cumplido, por lo que está evadiendo su responsabilidad, al igual que las fiscalías estatales, que descargan su responsabilidad en la instancia federal.
“Las fiscalías estatales dicen que es responsabilidad de la FEADLE y viceversa. Los homicidios van en aumento y los resultados brillan por su ausencia”, acusó.
Apuntó que las autoridades de los estados de Puebla, Jalisco, Michoacán, Morelos y Sonora no ha atendido las peticiones de información hechas por los legisladores sobre los avances en las indagatorias de los homicidios de comunicadores registrados en sus respectivos territorios.
Puntualizó que las fiscalías que han entregado la información solicitada pertenecen a los estados de Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California Sur y Tamaulipas.
Indicó que solo en un caso, reportado en Guanajuato, se atendieron parcialmente las denuncias de la periodista Karla Janeth Silva, puesto que el ex alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, de extracción priísta, aceptó su responsabilidad.
La integrante de la bancada del PAN recalcó que de acuerdo a la organización internacional Artículo 19, al menos el 53 por ciento de las agresiones contra periodistas en México son cometidas por funcionarios públicos.
“El Gobierno mexicano es incapaz de frenar la violencia contra la libertad de expresión y los servidores públicos responsables siguen sin tomar en serio este grave problema. Exigimos atención inmediata al Presidente de la República para que cese la violencia contra periodistas en México”, finalizó.