En la Cámara de Diputados, los líderes parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que a su retorno a México, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, debe ser juzgado por los delitos que cometió.
El coordinador panista, Marko Cortés, expresó que en cuanto Duarte de Ochoa pise el territorio mexicano, las autoridades deben borrarle la sonrisa “burlona”.
“Confiamos que ahora que sea extraditado Javier Duarte, las autoridades mexicanas, la justicia de nuestro país logren quitarle esa sonrisa cínica que nos preocupa, nos preocupa porque ya habla de una situación en la cual él simple y llanamente dice: ‘yo no firmé’, todo mundo sabíamos quién daba las órdenes en el estado de Veracruz y ahora pareciera que Javier Duarte, ex gobernador, simplemente quiere lavarse las manos, cosa que nosotros no estamos de acuerdo”, apuntó el legislador.
Cortés Mendoza insistió en que la justicia mexicana debe encargarse de fincar responsabilidades al ex gobernante de Veracruz, “ponerlo en su lugar” y borrar de su rostro la “sonrisa burlona” que el señalado mostró sin reparo alguno durante sus audiencias ante la justicia de Guatemala.
A su vez, el coordinador César Camacho, manifestó que el PRI espera una sentencia condenatoria para el ex mandatario. .
Ante las sospechas de que Duarte de Ochoa aceptó ser extraditado porque ha pactado su impunidad, el legislador afirmó tajante que “la justicia no se negocia”.
“La aplicación de la ley y la impartición de justicia no se pactan, se tiene que apegar a las normas jurídicas y evitando las venganzas públicas, que no son propias de un Estado democrático, lo que hay que hacer es una profusa investigación incluida la posibilidad, como es su derecho constitucional, de declarar tan ampliamente como se requiera”, apuntó.
El legislador afirmó que el tricolor ha sostenido una postura clara contra la impunidad, por lo que en su momento, expulsó a Duarte de Ochoa, ha demandado un juicio exhaustivo que termine con el financiamiento de responsabilidades penales, que eventualmente el ex mandatario local sea enviado a prisión y los recursos extraídos ilícitamente del estado, sean reintegrados.
Camacho Quiroz aseveró que el PRI confía en las instituciones y en la ley, no le dará cobijo a ningún transgresor ni a nadie que haya defraudado no solo al partido, sino a la sociedad.
Recalcó que el proceso contra Javier Duarte estará en manos del Poder Judicial y no del Ejecutivo por lo que se apegará estrictamente a la ley y no habrá oportunidad alguna de que las influencias políticas o la discrecionalidad jueguen a favor del ex priista.