El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, informó que pidió a la Interpol la emisión de otra ficha roja para la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
Entrevistado luego de participar como ponente en el curso “La protección penal de la materia político electoral”, el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) explicó que esta nueva orden de aprehensión es por delitos de naturaleza federal.
Recordó que ya se había emitido una ficha roja de búsqueda contra Duarte Jáquez por delitos del fuero común y la nueva, emitida la víspera, fue por peculado electoral y desvío de recursos de aportaciones de trabajadores.
“Nosotros esperaríamos con esto la localización, a partir del apoyo de la Interpol, y, en su momento, el que pueda ser extraditado a nuestro país o deportado, según las condiciones de ingreso que haya tenido en los Estados Unidos”, expuso el funcionario federal.
Detalló que también se ejerció acción penal en contra de cuatro personas más vinculadas con el gobierno de César Duarte, el secretario de Hacienda de la entidad, el director de Programación y el de Recursos Humanos, así como el secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua.
Explicó que se sabe que el secretario de Finanzas recibía dinero contra recibo, cuyos montos oscilaban entre un millón 200 y un millón 400 mil pesos mensuales, del año 2010 al 2016, por lo que fue vinculado a proceso.
Indicó que hay otras dos personas involucradas con la presunta comisión de este delito, una de ellas recluida en un centro penitenciario, quien promovió un juicio de amparo, y se está en espera de ganarlo, para poder ejercer acción penal en su contra.
Por lo que respecta al exmandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el fiscal electoral dijo que tiene una orden de aprensión por la obstaculización de las tareas de los funcionarios electorales.
Señaló que esta investigación también involucra a otros exfuncionarios con procesos penales abiertos, que son dos exsecretarios de finanzas, dos expresidentes municipales de Boca Del Río y una regidora en funciones.
Por otro lado, dijo que respecto al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, se recibió una denuncia por condicionamiento de programas sociales y desvío de recursos hacia la campaña del PRI en esa entidad.
Esta denuncia tiene que ver con la violación al Artículo 11, fracciones tercera y quinta en materia de delitos electorales, que establecen una penalidad de dos a nueve años de prisión en contra de los servidores públicos que quiten o retengan aportaciones de los trabajadores.
Santiago Nieto expresó que la denuncia es porque el programa Prosa, que se integró a partir de recursos de los propios trabajadores del gobierno estatal, lo cual es ilegal, era condicionado.
Anotó que existe una grabación pública, que se ha solicitado a quien la hizo para que tenga valor probatorio e integrarla a la carpeta de investigación. Y abundó que por el sigilo de la investigación no se pueden dar mayores detalles.