La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, sin mayores detalles, que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia, en contra de los 13 funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Venezuela que ayer fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción.
Fuentes de la cancillería explicaron que corresponderá a las autoridades hacendarias determinar las sanciones a las que se podrían hacer acreedores estas personas, las cuales, serían similares a las que impuso la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro estadunidense este miércoles.
Las autoridades estadunidenses explicaron que como parte de las sanciones, todos los activos de estas personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados, y se prohíbe a los ciudadanos norteamericanos tratar con ellos.
En este contexto, la SRE puntualizó que México expresa una vez más su preocupación por la grave crisis por la que atraviesa Venezuela, y reitera su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a restablecer plenamente el régimen democrático y el estado de derecho de manera pacífica.
Agregó que nuestro país refrenda que el gobierno venezolano tiene la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino de reconciliación y paz reconsiderando la convocatoria a la Asamblea Constituyente y creando las condiciones para iniciar un proceso genuino de negociación política entre todos los ciudadanos.
Cabe recordar que los funcionarios y ex funcionarios sancionados por el gobierno norteamericano por impulsar la Asamblea Constituyente son: Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral y presidenta de la Junta Nacional Electoral; Elías José Jaua Milano, presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente; Tarek William Saab Halabi, defensor del Pueblo de Venezuela y presidente del Consejo Moral Republicano; María Iris Varela Rangel, integrante de la Comisión Presidencial de Venezuela para la Asamblea Nacional Constituyente y ex-ministra del Servicio Penitenciario.
Por actos de violencia y represión fueron sancionados Néstor Luis Reverol Torres ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela; Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director nacional de la Policía Nacional Bolivariana; Sergio José Rivero Marcano, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana.
Por estos hechos también fueron designados Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante general del Ejército Bolivariano, y Franklin Horacio García Duque, ex director de la Policía Nacional Bolivariana.
Por actos de corrupción fueron sancionados Rocco Albisinni Serrano, presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex); Alejandro Antonio Fleming Cabrera, viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores; Simón Alejandro Zerpa Delgado, vicepresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social, y Carlos Erik Malpica Flores, ex tesorero Nacional y ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA.