Los fiscales de la Procuraduría General de la Republica (PGR) solicitaron al Juez Gerardo Moreno García vincular a proceso al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa por el desvío de 439.6 millones de pesos, ya que se no hacerlo, se mandaría un mensaje negativo de impunidad a la sociedad.
Señalaron que el daño tiene que ser reparado y evitar que queden impunes los delitos, ya que de lo contrario el mensaje sería negativo.
En las primeras cinco horas de la continuación de la audiencia inicial contra Duarte de Ochoa, la PGR imputó al ex gobernador los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Según la PGR, Duarte es líder de un complejo entramado para desviar recursos del erario de Veracruz e introducirlos al sistema financiero mexicano con el fin de darles apariencia de ilícita, esto a través de la creación de empresas fachada.
En esta segunda audiencia, a diferencia de la celebrada el lunes pasado, la PGR llegó mejor preparada. Ahora, incluso acudió el titular de la SEIDO, Israel Lira Salas y un integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, quienes apoyaron en explica el detalle de las 82 datos de prueba que tiene la PGR dice tener en contra Duarte.
Al inicio de la sesión, se notificó que no se presentaría el testigo de la PGR Alfonso Ortega López, un abogado y viejo conocido de Duarte cuyo testimonio es pieza clave en el proceso que la PGR busca se instaure contra Duarte. El Juez dio un plazo de 48 horas para que este persone justifique su ausencia de lo contrario ordenara su arresto.
Luego, el Juez desechó la petición de la defensa de Duarte de invalidar la declaración de Ortega López y J.R, otro testigo clave; así como que se retirara al funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera ya que no cumplía con los requisitos para coadyuvar con la PGR en el proceso de imputación.
Posteriormente, durante más de cuatro horas los funcionarios la PGR explicaron, ahora sí, con detalle, e incluso con el apoyo de 18 gráficas,
lo que el lunes pasado no pudieron: las trasferencias de recursos del erario a empresas y de ahí la atomización del capital a decenas de corporaciones fachada o de papel, creadas ex profeso para lavar el dinero mediante la compra de propiedades.
Detallaron, además 82 datos de prueba que dice tener la PGR contra Duarte, entre las que se encuentran cuatro testimoniales, las principales de ellas la de la Alfonso Ortega Lopez y la J.R., así como reportes financieros, escrituras públicas de propiedades y estados de cuenta de las empresas fachada, como Consorcio Brades y Terra Urbanización, estás ubicadas como los principales foco de atención.
Entre las pruebas, se encuentra el testamento notariado de Moisés Mansur Cisneyros, quien dejó como heredero universal de sus múltiples propiedades, la mayoría adquirida mediante el citado complejo sistema para lavar dinero, a Duarte de Ocha, y en caso de que este no estuviera a sus hijos de Duarte y en su caso a su esposa Karime Macias.