Los partidos de izquierda y centro se unieron en el Consejo General del INE, (PRI, PVEM, Encuentro Social, PT, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena solicitaron al Instituto Nacional Electoral rehacer el proyecto de los lineamientos para garantizar la equidad a los aspirantes de las elecciones de 2018, también conocidos “como piso parejo”, pero los consejeros electorales los aprobaron y a partir del 8 de septiembre se prohíbe que los aspirantes a un puesto de elección popular “realicen, difundan, compren, adquieran, aprovechen o se beneficien de propaganda, mensajes o expresiones de promoción” que se transmitan en cualquier medio de comunicación, incluyendo redes sociales.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, justificó que no intenta silenciar o asfixiar a ningún político, medio de comunicación o ciudadano, sino evitar que en las contiendas electorales haya un uso de dinero público o privado que rompa la equidad en los comicios, porque en el último año se han transmitido 38.8 millones de promocionales políticos.
“No afectan la libertad de expresión ni el derecho a la libertad de prensa salvo que estemos frente a la contratación indebida de espacios en radio y televisión y eso está prohibido por la Constitución, segundo son de carácter general aplicable a comicios federales y locales… Tampoco queremos inhibir la actividad política de quienes legítimamente aspiren a contender en las elecciones por un cargo de elección popular, lo que pretendemos es que la capacidad de contratación o adquisición de propaganda distorsionen la equidad de las elecciones federales y locales desde el momento en el que formalmente arranque el proceso electoral”, indicó.
El representante de Morena, Horacio Duarte, indicó que los lineamientos no regulan la actuación del gobierno federal y los estados, pero sí a partidos, opositores y posibles aspirantes, por ello impugnarán estas medidas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Vamos a recurrir en el caso del primer lineamiento al Tribunal Electoral, lo vamos a denunciar, y acudiremos a la justicia interamericana, nos parece que el tema da para que exista una revisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en virtud de que se está hablando del silenciamiento de voces opositoras al actual régimen”, indicó.
El priista Jorge Carlos Ramírez Marín aseveró que en la regulación de dirigentes de partidos se llegó tarde porque es evidente el abuso de Andrés Manuel López Obrador quien en tres años ha usado 83 por ciento de la pauta de Morena, y Ricardo Anaya quien el último año uso la mitad de la pauta del PAN, además dijo que Acción Nacional está a favor “del mamotreto de lineamientos” porque buscan afectar a Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle.
“Afirmándole categóricamente que toda la publicidad gubernamental está muy regulada. Los Secretarios no pueden hacer campaña personal con el presupuesto de su Secretaría, ni siquiera pueden aparecer en los spots o en los anuncios de su Secretaría, tiene que ser estrictamente para dar información, con respecto a lo otro… Me sumo al cabildeo a favor de que mejoremos esto y que no por querer perjudicar a Margarita y a los demás adversarios de su dirigente, convirtamos una buena intención en un mamotreto que no tenga finalmente efectos prácticos o que nos corrija a pescozones, dirían en mi tierra, el Tribunal.
Los lineamientos prohíben la contratación de propaganda en radio, televisión, cines, medios impresos, espectaculares, gallardetes, bardas, pintas o cualquiera que se coloque en vía o espacios públicos, incluyendo transporte o parabúses; promocionales utilitarios; páginas, cuentas oficiales de partidos políticos y dependencias gubernamentales en internet; y medios electrónicos.
En caso de no cumplir con ellos implicará que a partir del 8 de septiembre y hasta las precampañas todos los recursos que se gasten en propaganda serán sumados y en caso de rebasar los topes podrían ser causal para negar la candidatura.
A más tardar en agosto, el Consejo General deberá emitir las normas relativas al uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad.