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Ante los cientos de casos de desaparición que se registran en Coahuila, más de 100 organizaciones de la sociedad civil entregaron el pasado 6 de julio a la Corte Penal Internacional (CPI) un comunicado en el que le solicitan abrir una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad en aquella entidad.
En conferencia de prensa, Michael Chamberlain, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios comentó que cuentan con evidencia que demuestra que por lo menos en ocho municipios las desapariciones siguen un patrón y que en estos casos están involucrados grupos criminales, particularmente los Zetas, quienes en su momento contaron con el apoyo de funcionarios de alto nivel de la administración de Humberto Moreira.
Por su parte, el obispo de Saltillo, Raúl Vera aseveró que en Coahuila, el gobierno está al servicio de los grupos criminales.
Las organizaciones de la sociedad civil destacaron que la intervención de la CPI permitirá a México subirse a las vías del Estado de Derecho y de la justicia que hoy se encuentran descarriladas.
Indicaron que si el gobierno mexicano no quiere la intervención de la Corte Penal, deberá establecer, con el apoyo de la comunidad internacional, un órgano independiente e imparcial, con el mandato de investigar crímenes atroces y procesar a los responsables.