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En el marco de la Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe (EVAL 2017), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) participará activamente en diversos eventos, como la conferencia magistral Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y retos para la evaluación; Medición Multidimensional de la Pobreza, y en el panel ¿Cómo medir el uso de la evaluación?, entre otras actividades relevantes.
En casi 15 años, México ha podido construir un sistema de evaluación, monitoreo y medición, que tiene como base la evidencia y cuyo objetivo es que se tomen decisiones de política púbica y que haya rendición de cuentas, destacó el Coneval.
El Coneval ha identificado, con información hasta 2016, un total de 5,491 programas y acciones de desarrollo social. De los cuales 233 son federales, precisa el organismo.
En la Semana se desarrollarán 167 actividades en 15 países de la región en las que participará el sector público, la sociedad civil y la academia para discutir sobre la importancia del monitoreo y evaluación para la mejora continua de las políticas y los programas públicos en los países de América Latina y el Caribe.
Durante el panel Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y retos para la evaluación, el Secretario Ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, aseguró que los objetivos de la Agenda 2030 deben priorizarse para “evitar que en cada cambio de gobierno se tengan que replantear porque no hay mucho tiempo, recursos y la operabilidad es más complicada”.
En el caso mexicano, el Coneval, con base en sus atribuciones, realiza actividades dirigidas a implementar una cultura de la evaluación, cuyo objetivo es mejorar y reorientar las acciones y programas sociales hacia el logro de resultados, esto es, a la atención de problemáticas sociales.
Con base en la evaluación, el Coneval busca que la información que genera sea un insumo que llegue a los tomadores de decisiones, además de apoyar la rendición de cuentas al generar información útil para la ciudadanía y el sector académico, con la finalidad de que estos cuenten con instrumentos útiles para vigilar el quehacer gubernamental.
El proceso de evaluación del país involucra hoy a la Administración Pública Federal en su conjunto y también a entidades federativas y en ocasiones a municipios; la institucionalización de la evaluación ha sido un proceso que se llevó a cabo a través de varios pasos. El primero de ellos se derivó del diseño de la Evaluación de Impacto al Progresa (1997).
Más adelante, en 2000, con el propósito de clarificar el objeto de la evaluación, el Congreso estableció que todos los programas federales que entregaran subsidios y transferencias debían normarse por medio de las Reglas de Operación, con las cuales se identifica el objetivo del programa y su forma de operar.
Otro paso necesario para institucionalizar la evaluación fue transparentar la información del gobierno, para lo cual, en 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la cual se garantiza que la información gubernamental sea de acceso público y sirva de insumo para realizar evaluaciones, detalló el Coneval en el foro de expertos.