Los congresos de los estados presentan en general, deficiencias y anomalías como falta de transparencia, gastos injustificados e incluso superiores a lo presupuestado, burocracia innecesaria y una operación que no es del todo eficiente, y todo eso le cuesta al país un total de 13 mil 551 millones de pesos, señala el Informe Legislativo 2017, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El análisis sobre el gasto y operación de los 32 congresos estatales, que en su conjunto agrupan a mil 124 diputados, añade que la legislatura más cara y obesa en el país, es la de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, cuyos congresistas le cuestan a los ciudadanos, cada uno, 28.8 millones de pesos; mientras que los diputados por Puebla tienen un costo de aproximadamente 3.5 millones de pesos.
Al presentar el estudio, el director general del IMCO, Juan Pardinas; así como los investigadores Diego Díaz y Ramiro Suárez, detallaron que uno de los elementos a destacar, fue la falta de transparencia en dichos órganos parlamentarios, así como la reticencia a esclarecer incluso sus proyectos presupuestales, pese a que se trata de recursos públicos.
Indicaron que los resultados del Informe, corroboran la estimación del Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, elaborado por el Colegio de México y el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2015, y que marca una desconfianza del 82 por ciento hacia los legisladores.
Indicaron que para elaborar el reporte, debieron presentar 800 solicitudes de información formales a los 32 congresos en cuestión, de las cuáles, solo el 79 por ciento fueron atendidas de modo “satisfactorio”.
En cuanto al aumento del presupuesto anual que los legisladores se aprueban, señalaron que entre 2012 y 2017, en los últimos cinco años, esa cifra ha aumentado 11 por ciento en promedio; y destacan los casos de Sonora, donde los recursos para el Congreso local se incrementaron en ese periodo en 69 por ciento; y de Coahuila, con 61 por ciento.
Puntualizaron que en 2016, 19 legislaturas estatales gastaron en conjunto, mil millones de pesos más que los programados. Entre estas se encuentran la de Querétaro, con un gasto extra de 65 por ciento; e Hidalgo, con 57 por ciento más a lo presupuestado originalmente.
Indicaron que el año pasado, los congresos locales destinaron el 56 por ciento de sus recursos al pago de salarios del personal; 22 por ciento en “servicios personales”; y destaca la asignación de partidas, por un 13 por ciento para “ayudas sociales” y transferencias para la realización de obras en municipios y estados, así como la entrega de materiales de construcción a la población y otros insumos, cuando ese tipo de gasto no les compete.
En ese rubro “inédito” y que ha convertido a los organismos parlamentarios estatales en “SEDESOLES legislativas”, recalcaron, el año pasado 17 congresos gastaron en conjunto más de mil 355 millones de pesos.
El resto en ese rubro, será establecer claramente si ese dinero se utilizó con el fin exclusivo de beneficiar a la población, o bien, con propósitos electorales y partidistas, dijeron.
Los especialistas agregaron que en el caso del trabajo parlamentario, es decir, el número de sesiones, iniciativas presentadas, la apertura de comisiones y los recursos humanos de cada ente parlamentario, las labores de los diputados y diputados en los estados no son tan arduas, como alto es su nivel de ingresos.
Indicaron que en el 2016, en promedio, los 32 congresos locales celebraron 81 sesiones. Entre los que más reuniones de trabajo realizaron, están los legisladores de Baja California Sur, que sesionaron 162 veces; los de Zacatecas, 127 veces; y los de Tlaxcala, 121 veces.
Los congresistas que menos sesiones tuvieron fueron los de Guanajuato, con 49 encuentros; Aguascalientes, con 37; y Querétaro, con solo 34 sesiones, pese a que su presupuesto ha aumentado en aproximadamente el 70 por ciento, refirieron.
Los representantes del IMCO también hicieron hincapié en lo abultado de los congresos estatales en lo que a creación de comisiones se refiere.
Aunque los números no son de todo homogéneos, indicaron que el comparativo se establece con respecto a las legislaturas de otros países, que en promedio cuentan con 18 comisiones; mientras que en México, el promedio de comisiones por parlamento es de 29.
Mientras los diputados de Baja California, Guanajuato y Yucatán tienen menos de 20 comisiones; los que más comisiones han abierto son los de Chiapas, con 42; Oaxaca, con 40; y Veracruz, con 40.
Esto no quiere decir, apuntaron, que todas esas instancias de trabajo cumplan su objetivo, pues existen casos como el de Chiapas, donde solo 20 de sus 46 comisiones sesionaron el año pasado. El resto de las comisiones no tuvo actividad, lo cual apunta a que se abrieron para cubrir cuotas partidistas y para distribuir posiciones de mando, aunque no se ejerzan.
Sobre el pago de sueldos y salarios, indicaron que 18 de los 32 congresos a los que se solicitó información al respecto, ni siquiera cuenta con los formatos de rendición de cuentas, por lo que no se sabe cuánto están ganando sus legisladores y el personal de mando.
Como ejemplo de las prestaciones excesivas que algunos congresistas se otorgan, aludieron al caso de San Luis Potosí, que quedó en evidencia en días recientes por un escándalo de corrupción que incluso involucra a la Auditoría Superior del Estado y los presidentes de los órganos de gobierno de esa Legislatura. Indicaron que los diputados por esa entidad, se autorizaron en 2016 un aguinaldo equivalente a 90 días de sueldo, el doble de lo que la ley permite.
La recomendación para los organismos legislativos caros, ineficientes y burocratizados, concluyeron, es la de cumplir las leyes que ellos mismos aprueban.