Los contratos firmados por dependencias del gobierno federal con empresas proveedoras de sistemas como “Pegasus” que presuntamente habrían sido utilizados para “espiar” a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, no pueden ser reservados por completo.
Hay que transparentar dichos convenios en versión pública y en la medida en que la ley lo permita, para no violentar la norma aplicable a asuntos de seguridad nacional, consideró la presidenta del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard.
Entrevistada al finalizar la reunión extraordinaria de Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, indicó que eventualmente ese mecanismo podría tomar cartas en el asunto, si derivado de las investigaciones que ya realiza la Procuraduría Federal de la República (PGR) se desprenden elementos asociados con actos de corrupción.
Lo anterior, al ser cuestionada sobre la decisión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de reservar por más de 20 años la información sobre los contratos que se habrían otorgado a empresas intermediarias con acceso al software “Pegasus”, desarrollado por el consorcio israelí NSO Group.
“Lo que hay que ver es qué es lo que se está reservando, no se puede reservar todo el contrato, los contratos públicos tienen que ser públicos. Y lo que se puede reservar puede es aquello que puede ser efectivamente de una especificación que pudiera ir en contra del interés público de proteger cierta información porque en principio, eso es un contrato que tiene que ver con seguridad nacional. Se tendría que transparentar en versión pública”, pero es preciso conocer más detalles de dichos convenios, para establecer qué parte debe permanecer bajo reserva y cuál se debe dar a conocer públicamente.
Durante la reunión encabezada por la también presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, los integrantes del Comité Coordinador de esa misma instancia, aprobaron la conformación de las estructuras de su Secretaría Ejecutiva, su presupuesto y estructura programática para 2017; así como los lineamientos para la adquisición y arrendamiento y servicios.
En el encuentro que se llevó a cabo en la sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se avaló por unanimidad un presupuesto de 222 millones de pesos y una estructura de 117 plazas para la Secretaría Ejecutiva del Sistema.
El proyecto de lineamientos para la adquisición de arrendamientos y servicios en 2017, señala que en el Capítulo 1000, se utilizarán 40 millones 368 mil; en el Capítulo 2000 sobre Materiales y Suministros, se emplearán 62 millones 603 mil pesos; en Servicios Generales se usarán 111 millones 406 mil pesos.
Para 2018, para el Capítulo mil se requerirán 80 millones 308 mil pesos; para Materiales y Suministros, se solicitarán 16 millones 870 mil pesos; para Servicios Generales 125 millones 207 mil pesos, lo que en total arroja la suma de los 222 millones 386 mil pesos.
A la sesión acudieron el presidente del INAI, Francisco Acuña Llamas; el magistrado Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Adminsitrativa; la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez; Alfonso Pérez Daza, consejero integrante del Consejo de la Judicatura Federal; y el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal.