La presidenta de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las agresiones contra periodistas, Brenda Velázquez, confirmó que este miércoles 21 de junio, se presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia contra el caso de espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que los hechos revelados por una investigación del diario The New York Times, han derivado en la denuncia por el uso ilegal del software “Pegasus”, que habría sido adquirido por el Gobierno Federal para acceder a las comunicaciones de periodistas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos y en algunos casos, espiar a sus familiares.
Velázquez Valdez indicó que a través de ese recurso, se exige a las autoridades investigar los sucesos y en caso de ser procedente, sancionar a “quien resulte responsable” por violaciones a la libertad de expresión y la privacidad de las personas.
Agregó que el espionaje en cuestión, corresponde a una “táctica añeja del priísmo” y representa un grave retroceso para la democracia mexicana.
Por su parte, la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC), pidió que el Gobierno Federal transparente los contratos celebrados por distintas dependencias para adquirir equipos de monitoreo y sistemas de vigilancia en materia de seguridad, así como los nombres de los proveedores.
En primera instancia, la diputada Brenda Velázquez calificó como inaceptable que el gobierno mexicano esté involucrado en el presunto espionaje a periodistas, políticos, activistas y defensores de derechos humanos, que en distintos momentos y circunstancias, han sido críticas con el Ejecutivo Federal.
“Vamos a poner por parte de la Comisión una denuncia ante la PGR para que pues que se siga, ya no siga existiendo este tipo de invasión a la privacidad de los periodistas. Contra quien resulte responsable”, recalcó.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que es difícil creer que la PGR investigará a sus superiores en el Gobierno Federal, al titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) o a los responsables del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Sin embargo, es obligación de la Procuraduría atender la denuncia en cuestión.
En tanto, los diputados del MC pidieron crear una Comisión Especial en San Lázaro, para que tomar cartas en el asunto del espionaje y revisar ese caso en colaboración con expertos independientes.
Reiteraron el llamado a esclarecer los contratos que Gobernación, el CISEN, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la PGR habrían firmado para contratar equipos y sistemas de vigilancia.
Llamaron al Poder Judicial a aclarar si el Gobierno Federal solicitó órdenes de intervención de las comunicaciones de los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos involucrados.
Asimismo, exhortaron a la Comisión Permanente del Congreso a solicitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de seguimiento al caso a fin de determinar las posibles violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, cometidas por quienes resulten responsables.
De igual modo, consideraron necesaria la intervención del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para proteger las garantías del hijo de la periodista Carmen Aristegui, cuyo teléfono también habría sido intervenido, de acuerdo a la investigación publicada en The New York Times.