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AUDIO: Mario Luna Romero, líder de la tribu yaqui
El Grupo de Trabajo de la ONU exigió que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y constató “la ausencia de diálogo con las comunidades, en la tradición y en la práctica, en el contexto de los proyectos a gran escala”.
Con la presencia de defensores locales de los pueblos y la riqueza ambiental, casi una centena de agrupaciones sociales, académicas y activistas demandan a empresas e instituciones el respeto a la ley y a las recomendaciones de Naciones Unidas.
Tras haber recabado testimonio de violaciones a los derechos humanos, a la tierra, al trabajo y al medio ambiente el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas aboga por seis casos emblemáticos dónde se eliminó el derecho a la consulta previa, libre e informada por parte de gobiernos y empresas.
El 8 de junio de 2017, el Grupo de Trabajo también alertó sobre una “impunidad” y “desigualdad” imperante en el expediente mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Informe Final sobre Empresas y Derechos Humanos tras visita oficial a México en 2016; el Estado mexicano, subrayó en Ginebra, su voluntad de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU.
El líder yaqui, Mario Luna advirtió que “la renegociación (del Tratado de Libre Comercio) a espaldas del pueblo, es prueba clara de la exclusión de los verdaderamente afectados; hay recursos naturales y territorios que se están renegociando sin que nosotros seamos debidamente consultados. Es ejemplo claro del desprecio y el incumplimiento del respeto a los derechos de los pueblos para ser tomados en cuenta, no nos han invitado a esas mesas, no estamos participando de ninguna forma”.
El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU advierte en su Informe que “la urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad”.
Si bien se analizan en el Informe Final solo 6 casos emblemáticos de abusos a derechos humanos, agrupaciones de la sociedad civil documentan “más de 68 casos de abusos relacionados con el sector minero, de la construcción, agroindustrial y energético en el Informe “México: Empresas y Derechos Humanos”. Las violaciones más frecuentes fueron: al derecho a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). En más del 62% de los casos hubo amenazas y ataques a personas defensoras de derechos humanos.
Aunque el Estado mexicano declaró en Ginebra, que estaban trabajando para garantizar el derecho a la consulta. Las agrupaciones resaltaron que, en el caso de los apicultores mayas en contra de la soya genéticamente modificada de Monsanto, las comunidades “lejos de que la ley nos ayude con la consulta, está sirviendo para violar nuestros derechos. En cada una de las seis sesiones de la consulta ésta es en un ambiente de confrontación…”.
En el caso del acueducto yaqui, las consultas no fueron previas, sino el resultado de una sentencia de la Suprema Corte y éstas se dieron en un ambiente de criminalización, subrayó el yaquí Mario Luna.
El Grupo de Trabajo de la ONU recomendó que se investiguen y sancionen los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y recomendó que se refuerce la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales.
Además de recomendar al Estado mexicano que: “haga de las evaluaciones de los efectos sociales que integran las normas de derechos humanos un requisito para los grandes proyectos de desarrollo… y que fortalezca la capacidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para vigilar la observancia de las normas ambientales”.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil piden al Estado mexicano y a las autoridades responsables se reúnan con las organizaciones de la sociedad civil para diseñar una estrategia participativa, transparente y pública en donde se establezca claramente cómo se dará seguimiento a las recomendaciones generales y de los casos del Informe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
Además de los líderes sociales, respaldaron la petición el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Greenpeace México; el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Serapaz, Servicios y Asesoría para La Paz y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), entre otros.