La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alista la constitucionalidad de las reformas a las leyes generales de responsabilidades administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción, para proteger datos personales, vida personal e integridad de los servidores públicos.
El pleno de SCJN comenzó con la discusión sobre el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como 3 de 3, después de que el ministro José Ramón Cossío presentó su proyecto para validar la secrecía en las declaraciones patrimonial, fiscal y conflicto de interés, por seguridad de los funcionarios.
“Ya que hay información que puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna justificación o prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo, de ahí se concluye que la salvaguarda establecido en el artículo 29 impugnado, en sí misma no resulta inconstitucional, ya que, si bien la expectativa de privacidad de un servidor público disminuye, la misma no desaparece.
“Y sin bien el interés público hace que la necesidad de escrutinio sea mayor, esto no elimina completamente la esfera privada del servidor, en particular con aquella información no necesaria para lograr las finalidades apuntadas y que puede poner en peligro, insisto, la vida e integridad del propio servidor público”, comentó Cossío.
El tema llegó al Máximo Tribunal del país después de que diputados federales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano iniciaron una acción de inconstitucionalidad debido a que vulnera el combate a la corrupción y los principios de transparencia.