La bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados calificó como una agresión y una “burla” del gobierno de Texas hacia México, la implementación de la Ley SB4, que obliga a los agentes de seguridad a detener a migrantes.
La diputada Claudia Corichi, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro, lamentó que ante ese tipo de medidas, la respuesta del Ejecutivo Federal sea tibia y desorientada.
Corichi García indicó que es condenable el ordenamiento emitido por las autoridades en el estado norteamericano de Texas, porque criminaliza y discrimina a la población migrante, aunado a que podría configurar violaciones a derechos humanos.
Por lo anterior, manifestó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debería intervenir y supervisar que la implementación de ese tipo de medidas no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Tras señalar que ante esas decisiones, sale a relucir la “desorientada” política exterior del Gobierno Federal, la legisladora recordó que hace unos meses, el Presidente Enrique Peña se reunió con el gobernador de Texas, Greg Abbott, con el que no habló sobre temas de migración.
Lamentó que el gobierno de esa entidad se sume a las medidas para criminalizar a los migrantes, en especial los mexicanos, quienes con su trabajo generan el 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de esa economía. “Me parece una burla hacia México y hacia su gobierno”, dijo.
Advirtió que la ley cuya aplicación iniciará en septiembre próximo, obligará a los policías a interrogar a cualquier persona detenida sobre estatus migratorio y las cárceles tendrán que informar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); aunado a que contempla multas para entidades como las universidades, que no aporten la información señalada.
Ante tales circunstancias, apuntó, es necesario que los consulados de México en Estado Unidos, en especial en los estados donde se está endureciendo la política migratoria, refuerzan acciones y protejan en los hechos a los connacionales, porque desde nuestro país, el Ejecutivo Federal sigue sin actuar.
Por su parte, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro propuso reforzar las acciones de protección a los niños migrantes no acompañados, para hacer frente de mejor manera al endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos.
El diputado Tomás Montoya planteó que los estados de la República destinen más recursos para la instalación de albergues y centros de atención a niños y adolescentes migrantes no acompañados.
También demandó cumplir con lo que marca la ley, a fin de mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las procuradurías de defensa de los menores en los estados.