En el primer trimestre de 2017, el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México (TSJCDMX), envió a 126 cadáveres a la fosa común y a instituciones educativas para su estudio, al no ser identificados o reclamados por algún familiar.
Con base en un reporte interno del Órgano Jurisdiccional, tan sólo entre enero y febrero del presente año, 820 cuerpos ingresaron al INCIFO de los cuales 681 son hombres, 112 son mujeres, 27 menores de edad, entre 1 y 12 años de edad y 2 personas de origen extranjero.
El informe señala que 85 por ciento de estos cadáveres, que ingresaron al INCIFO han sido plenamente identificados, en su mayoría por algún familiar.
“Al revisar el cadáver, si está quemado es un poco más complicado y depende el grado de quemadura, donde puedes obtener información de señas particulares se pueden perder porque ya no se van a ver físicamente, pero hay algunas que se logran salvar como alguna cicatriz, o en las zonas donde pudiera estar más cubierto el cuerpo.
“Los dientes nos van a dar mucha información, no solo porque la persona fuera a que le trataran los dientes, a que le pusieran una amalgama, una resina, sino que cada uno tiene los dientes diferentes, posiciones diferentes en los dientes”, apuntó.
De las 126 personas no identificadas, 64 cuerpos fueron enviados a escuelas de medicina como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), universidades privadas o a la Escuela Médico Militar, mientras que los 62 cadáveres restantes, su destino fue la fosa común en el Panteón Civil de Dolores.
“Aquí permanecen por lo menos 10 días hábiles, si es que no son prestados para la docencia de las universidades, aquí van etiquetados con una plaquita metálica, con el número de expediente para tener los datos y los que se llevan las universidades igual todas las casas de estudio les ponen una plaquita para identificarlos”, aseguró.
De acuerdo con el protocolo, aquellos cadáveres que se extiende su permanencia en el INCIFO por varios meses, obedece en la mayoría de las ocasiones, por estar ligados a procesos de investigación como el caso de las 72 migrantes asesinados por el crimen organizado, en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; los últimos 14 cadáveres fueron retirados por la PGR en abril de 2011.
Posteriormente, otros 120 cuerpos hallados en fosas clandestinas del mismo municipio Tamaulipeco, estuvieron bajo resguardo del INCIFO por varios meses, hasta la última entrega por parte de la autoridad federal.
@amarilloalarcon