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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al gobierno federal y a las entidades coordinarse para mejorar la operación de los centros penitenciarios del país.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 375 centros de reclusión albergan 216 mil 831 personas privadas de la libertad, distribuidas en 278 cárceles estatales y 17 federales; 13 dependen del Gobierno de la Ciudad de México y 67 municipales.
Señalar que la capacidad instalada es para 212 mil 144 personas, por lo que existe una sobrepoblación relativa de cuatro mil 687 personas, por lo que es indispensable que existan políticas de verdadera reinserción.
Los legisladores aseguraron que el proceso de reinserción social “puede darse únicamente cuando se cuenta con un marco normativo adecuado, una situación que atiende el tema de los recursos humanos en las prisiones a la altura de su misión y con las instalaciones que garanticen permanentemente la seguridad de las personas”.
En el documento, recuerdan que en los centros de reclusión se han registrado hechos como el ocurrido el 11 de febrero de 2016 cuando se suscitó un motín en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, con resultado de 49 muertos y 12 heridos.