Cerca de un centenar de especialistas en medicina legal, directores de servicios periciales y ministerios públicos mexicanos se reúnen en el VIII Encuentro Nacional de Servicios Médicos Forenses para impulsar planes de acción que incorporen buenas prácticas y permitan una pronta y efectiva identificación de personas fallecidas en México.
“Todas las personas fallecidas no identificadas tienen el derecho a ser tratadas dignamente en todas las etapas del proceso forense y de la investigación hasta su restitución a sus familiares. Para ello es importante seguir fortaleciendo los mecanismos para la identificación de quienes se encuentran en fosas, comunes o clandestinas, y en los servicios médicos forenses. Esto se puede lograr mediante una mayor capacitación técnica forense, con más inversión en recursos humanos, y con planes de acción que exigen la coordinación entre funcionarios”, dijo Juan Pedro Schaerer, jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Convocada por el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México (TSJCDMX) y el CICR, la reunión de especialistas permite insistir en la necesidad de que los funcionarios a cargo de los servicios periciales y forenses, o de las investigaciones de casos de desaparición, ofrezcan una atención de calidad y promuevan procedimientos científicos que den certidumbre a las familias de las personas fallecidas.
Cuando restos humanos sin identificar son encontrados, las autoridades deben promover una adecuada gestión de los mismos y la aplicación de buenas prácticas forenses para lograr su identificación y eventual restitución a sus familiares. Solo con normas, protocolos, y profesionales forenses especializados, capaces de trabajar multidisciplinariamente, se impulsarán iniciativas que generen confianza en las familias de miles de personas desaparecidas que a menudo tardan años en conocer el destino de sus seres queridos inmersas en la incertidumbre y el sufrimiento.
Para ello existen algunos mecanismos como el convenio firmado en septiembre de 2016 entre el Instituto Nacional Electoral (INE), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), que ya ha permitido la identificación de más de 240 personas fallecidas en la capital del país mediante el análisis de sus huellas dactilares, un método certero que requiere ser complementado con toda la información disponible de la persona desaparecida y fallecida.
Desde 2010 el CICR ha desarrollado una acción exclusivamente humanitaria en apoyo a instituciones forenses mexicanas para la homologación e implementación de protocolos y sistemas unificados de información sobre personas desaparecidas, y compartiendo modelos de gestión que faciliten la estandarización, administración y centralización de la información forense, como por ejemplo, unidades de identificación y atención a familiares. Ello puede posibilitar una mejor identificación de personas fallecidas cuyos restos son localizados.