Pide CNDH medidas cautelares para la familia del periodista Javier Valdez

El asesinato de Javier Valdez es un hecho inaceptable y reprobable, así lo consideró la CNDH.

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó las medidas cautelares para la familia y colaboradores del semanario Río Doce, tras el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.

La CNDH condenó el homicidio del comunicador en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y calificó esta acción como un hecho inaceptable y reprobable, que lastima a la sociedad mexicana en su conjunto, que afecta a la libertad de expresión y a la democracia.

Informó que ya se enviaron visitadores adjuntos, encabesezados por el titular del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, para sostener reuniones con los familiares y colegas de Valdez Cárdenas, así como con autoridades municipales y estatales de aquella entidad.

El organismo solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación de manera exhaustiva y expedita para que este asesinato no quede impune, y para que implementen las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia del corresponsal del periódico La Jornada y fundador de la revista RíoDoce.

“La CNDH reitera su preocupación por la falta de mecanismos de prevención por parte de la autoridad, para evitar homicidios que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo.

“Esta Comisión Nacional subraya que aun cuando las agresiones a periodistas no provengan de servidores públicos, sino de particulares, el Estado mexicano no está exento de su obligación de investigar de manera exhaustiva el origen de las mismas”.

También reiteró su solidaridad con el periodista independiente Fabián García Castrejón, quien abandonó el estado de Nayarit con el apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante las amenazas de muerte recibidas, y quien es editor del periódico digital Ámbitos Nayarit y reportero del portal Nayarit me gusta, ante el hostigamiento y amenazas de servidores públicos como consecuencia de su trabajo informativo.