La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine M. Otálora Malassis, confió en que el modelo de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas se pueda ajustar en otros países.
Al participar en el panel “El defensor público electoral: Su contribución a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, organizado por Naciones Unidas, indicó que el mecanismo mexicano busca fortalecer los derechos de los pueblos originarios, porque no se puede hablar de democracia si no hay acceso efectivo a los tribunales.
Explicó que casi 30 años después de que México reconoció el carácter multicultural de la sociedad fue creada la Defensoría, tras un diagnóstico de 10 años de resoluciones, durante los cuales se conocieron por parte del Tribunal Electoral más de dos mil 500 juicios, unos 250 casos al año, en los que estaban comunidades indígenas o ciudadanos indígenas, involucrados o directamente en conflicto para el acceso a cargos públicos.
Si bien reconoció que se tardaron en cumplir con la deuda hacia las comunidades indígenas, existe una necesidad inminente de crear un mecanismo que permitiera un mayor acercamiento para garantizar un derecho constitucional y humano, que es contar con una defensa jurídica adecuada, profesional y gratuita.
Entre las acciones realizadas se encuentra la línea de teléfono gratuita, la creación de un padrón de traductores en las 68 lenguas indígenas y sus más de 365 variaciones, la elaboración y distribución de trípticos en 20 lenguas indígenas, la difusión de la Defensoría a través de la radio comunitaria y con traducción, y la elaboración del Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político-Electorales.