Un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado advierte que la ausencia de un marco normativo en materia de violencia política de género constituye un obstáculo para el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres y son la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca, los que concentran mayor número de denuncias.
Por lo que la consolidación de las reformas a las Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales, que se encuentran en la Cámara de Diputados, permitirían a México ser el segundo país en América Latina en tipificar la violencia de género como un delito electoral.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, entre 2013 y 2016, se registraron 416 expedientes y carpetas de investigación que podrían constituir violencia política de género y diez son de hechos contra mujeres indígenas.
La Fepade señala que la violencia política contra la mujer, es aquella conducta que constituye un delito electoral, “en los cuales una mujer es la víctima del hecho o cuando éstas son afectadas de formas desproporcionadas”.
El estudio del Instituto Belisario Domínguez reporta que la mayor incidencia de casos de violencia política contra la mujer ocurrió en 2015, al incrementarse la participación de las mujeres en los procesos federales y locales, al adoptar la paridad en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión y los estatales.