AUDIO 1: Marieclaire Acosta, defensora
AUDIO 2: Luis Daniel Vázquez, UNAM
Al menos 20 agrupaciones nacionales de defensores y activistas sociales, 3 organismos internacionales y más de 50 personalidades se han sumado a la plataforma contra la impunidad y la corrupción. El conglomerado busca “acabar con la impunidad estructural que existe en México”.
Las agrupaciones sociales y humanitarias acusan un pacto de impunidad del que gozan las elites políticas, y una “neutralización” de todos los mecanismos de verdad y rendición de cuentas.
En México se cometen mas 30 millones de hechos delictivos al año y solo el 1% tiene alguna forma de conclusión en los órganos de justicia, reclamaron.
El principal obstáculo en la lucha contra la corrupción “no radica en los limites presupuestales o la incapacidad institucional sino en el pacto de impunidad del que gozan los poderes facticos legales e ilegales y la falta de voluntad para romperlo”, dijeron.
En opinión de la defensora Marieclaire Acosta, “las instituciones de justicia están capturadas por intereses de diverso tipo, es importante contar con un mecanismo internacional parea garantizar la imparcialidad y la independencia de las investigaciones”. Esto, agregó, “se ve todos los días como muestra el caso del fiscal de Nayarit” (Edgar Veytia).
“El gobierno insiste en que en México existen los expertos y que no necesitamos al exterior para realizar este tipo de investigaciones, pero el tema está en la independencia y la autonomía y capacidad real de investigación; cuando tiene instituciones capturadas, lo que necesitas es apoyo internacional para garantizar la depuración de las instituciones y la desarticulación de las redes de corrupción que operan en ellas”, finalizó
Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia expresó su solidaridad con el gremio periodístico sobre la decisión del cierre del periódico “El Norte” de Ciudad Juárez. Ante el rechazo de la federación de que México enfrenta una crisis humanitaria, Cortés señaló que “si uno conecta la muerte de Miroslava Breach con el cierre de El Norte, son dos evidencias de que si existe una situación de crisis, al grado de que un periódico decide cerrar su edición impresa”.
“El nivel de crisis que estamos viviendo que en regiones del país se está construyendo una ‘gobernabilidad criminal’ porque las bandas delincuenciales de muy diverso tipo tiene ya una presencia, han penetrado las instituciones de tal manera que muchas de estas instituciones no le responden a la sociedad sino a los intereses criminales”, finalizó Cortés.
“El reto está en la procuración de justicia”, apuntó por su parte María de la Luz Estrada del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, al enfatizar que si en temas de impunidad y corrupción no se investiga por negligencia o colusión, “los casos quedan en la impunidad y los asesinos y agresores de mujeres siguen operando”.
Hacia las presidenciales del 2018 la nueva plataforma solo destacó que este tiempo electoral “es un marco importante” para meter asuntos de relevancia humana “en la discusión en las agendas politicas”, dijo Maria Elena Morera de Causa en Común.
Finalmente, Luis Daniel Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la FLACSO alertó que “los países que tiene la mejor calificación ante casos de corrupción tienen un 88 por ciento de tener la más alta calificación en acceso a derechos electorales y tiene un 97 por ciento de probabilidades de ser países donde no se realizan desapariciones forzadas”.
“Los que mejorar un punto en el índice de combate a la corrupción obtienen hasta 10 años más en sus indicadores de esperanza de vida y mejoran has en 8 mil dólares el PIB per cápita nacional”, dijo el experto.
Sin embargo, concluyó, Vázquez, “cada punto porcentual en el que aumenta la percepción de corrupción en México, conlleva 35 homicidios; es decir por cada punto que aumenta la percepción de más corrupción en los ámbitos de seguridad en México, hay 35 homicidios más en esa entidad y un aumento de 30 puntos en la percepción de que hay mas corrupción, supone 10 por ciento más de personas sin acceso a la salud”.