El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reconoció el proyecto de dictamen de Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares aprobado por el Senado, sin embargo señalaron sus reservas por la falta de atribuciones y capacidades que tendrá la Comisión Nacional de Búsqueda para atender la crisis.
De enero de 2007 y hasta septiembre de 2016 se han localizado 855 fosas clandestinas, de las que se han inhumado 1,548 cadáveres, de acuerdo al informe especial de Personas desaparecidas y fosas clandestinas en México realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En un comunicado las organizaciones que conforman el Movimiento también reconocieron que la ley se haya aprobado en este período.
“Desde hace dos años, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), que agrupa a más de 40 colectivos en México y Centroamérica, ha trabajado con organizaciones, expertas y con los legisladores para lograr una Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, impulsando nuestro derecho a participar en el proceso y proponer los componentes mínimos que debería tener la Ley a partir de una amplia consulta con colectivos y organizaciones”, resaltaron.
Las familias conformaron en marzo de 2015 el Movimiento Nacional por Nuestros desparecidos en México para pedirle al gobierno una Ley contra la desaparición forzada y por particulares.
En los últimos días la propuesta que se venía trabajando con el poder legislativo se vio modificada por las observaciones del Ejecutivo “inaceptables” para el Movimiento, que, sin embargo, reconoce que el Dictamen tiene aspectos que abonan a que el Estado mexicano atienda la problemática.
En julio de 2015 el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto en el que el presidente, Enrique Peña Nieto reformaba el artículo 73 para aprobar “leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”.
Sin embargo, de acuerdo al decreto, esta ley debería haberse concretado el 6 de enero de 2016. Y fue hasta la última semana del actual periodo que se discutió y aún debe ser debatida por la Cámara de diputados.
En septiembre de 2015 las familias entregaron al Senado una propuesta de ley y el senador Roberto Gil reconoció que el Estado mexicano tiene una deuda frente a las víctimas y sus familiares, por lo que la creación de un instrumento legislativo “potente” permitirá pagar esa deuda.
En marzo de 2016 las familias acudieron al Senado para exigir que sus propuestas fueran tomadas en cuenta. Y ante la falta de respuesta el 10 de noviembre de 2016 entregaron a los senadores 17 mil firmas de apoyo de ciudadanos para exigir que se aprobara esta ley que recociera el delito de desaparición forzada y por particulares.
El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, aseguró que la Ley General debía ser elaborada y perfeccionada con base en los testimonios y recomendaciones de los familiares de las víctimas.
Tras la aprobación del dictamen, los grupos consideran como un obstáculo la Comisión Nacional de Búsqueda, “no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación, todo ello en disminución de su capacidad operativa”.
Asimismo, señalan que no existe una claridad sobre los criterios para definir quién será el responsable, ya sea la Federación o autoridades locales, de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas, se sigue utilizando el término de no localizados aún cuando es contrario a las recomendaciones internacionales que le han hecho al propio Estado mexicano.
También se elimina el supuesto que permitiría, de acuerdo con estándares internacionales, fincar responsabilidades al superior jerárquico cuando en razón de sus funciones debió saber lo que las personas a su cargo realizaban.
Ahora toca al Estado demostrar que la estructura que propone va a funcionar. Las familias estaremos atentas que así sea, expresaron.
“Los familiares de personas desaparecidas enfrentamos un profundo dolor desde que arrancaron a nuestros seres queridos de nuestro lado, y la indolencia y falta de respuesta del Estado”, exclamaron.