Senadores intercambian acusaciones en torno al Fiscal Anticorrupción

El PAN en el Senado acusó al PRI de entorpecer el nombramiento del fiscal Anticorrupción.

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En el Senado de la República continúa la disputa  y el intercambio de acusaciones en el marco de la selección del Fiscal Anticorrupción.

El presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, aseveró que los críticos del acuerdo de la Procuraduría General de la República (PGR) relativo a la dependencia económica de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, o actúan de ese modo por “ignorancia” o por mala fe.

Quienes critiquen el asunto por mala fe son “casos perdidos” que deben ser puestos en evidencia ante la ciudadanía; y quienes lo hagan por “ignorancia”, dijo, están a tiempo de “ponerse a leer y ponerse a estudiar”.

En contraparte, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de entorpecer el nombramiento del fiscal Anticorrupción, al impulsar la designación de un funcionario “a modo”, sin autonomía y en términos llanos, de “un cuate” del Gobierno Federal.

El coordinador Fernando Herrera aseveró que con el fin de evadir su responsabilidad los senadores del tricolor respaldan la moción de que la Fiscalía Anticorrupción dependa administrativa y presupuestalmente de la PGR.

“El interés de los senadores del PAN es que en los nombramientos de Fiscal General y de Fiscal Anticorrupción, no haya ni fiscal cuate, ni fiscal a modo”, dijo. 

Recordó que en respuesta, los panistas han propuesto condiciones, como definir de inmediato la elección del nuevo Fiscal General de la República y reducir el tiempo para ocupar ese cargo, de 9 a 5 años.

En primera instancia, el senador Escudero Morales, justificó la determinación de la PGR, al aseverar que simplemente armonizó sus reglas a leyes aprobadas anteriormente en el Congreso y es por ello, que quienes se oponen primero deberían conocer la ley y posteriormente emitir opiniones.

Manifestó que el acuerdo A/029/17, emitido por la Procuraduría, sobre las atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción, actualiza la normatividad conforme a otro acuerdo, publicado en marzo del 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por lo anterior, reiteró la invitación a los detractores de la PGR, a que lean los ordenamientos señalados y conozcan sus antecedentes, así como las normas anticorrupción aprobadas en los últimos años por el Congreso de la Unión.

Agregó que si se lee con detenimiento, los acuerdos en cuestión tienen como único fin armonizar las atribuciones de la Fiscalía señalada en materia de servicios periciales, nombramientos de ministerios públicos y su participación en el Sistema Anticorrupción.

En tanto, el senador Herrera Ávila insistió en acusar al PRI de “tender cortinas de humo” para que el Fiscal Anticorrupción quede “a modo” y no cumpla cabalmente sus obligaciones de combatir actos como los cometidos por los ex gobernadores de Veracruz y Tamaulipas.

La negativa a dar verdadera autonomía al Fiscal Anticorrupción ha entorpecido el nombramiento del mismo y por ello, insistió, se pretende distraer el interés público.

Manifestó que el fiscal debe ser independiente, tener atribuciones completas y contar con los recursos materiales y necesarios para cumplir su labor y no quedarse en la “simulación”, como pretende el tricolor.

Tras recordar que la corrupción le cuesta al país 900 mil millones de pesos al año, el líder de los panistas en el Senado manifestó que el PRI debería admitir las propuestas panistas sobre acortar de nueve a cinco años, el nombramiento de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales; así como establecer que el Senado designará o removerá a dichos funcionarios.

Agregó que el PAN ha pedido que el Fiscal Anticorrupción sea nombrado por la vía del parlamento abierto, en la Junta de Coordinación Política; que se ajuste el Modelo de Procuración de Justicia, también a través del parlamento abierto, a fin de que participe la sociedad y se incluyan elementos como fortalecer la investigación y garantizar la autonomía de los servicios forenses.