El expresidente Felipe Calderón aseguró que “es falso” lo declarado por Andrés Manuel López Obrador y el documento que presentó donde presuntamente ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) exonerar a Humberto Moreira de los delitos de enriquecimiento ilícito y operación con recursos de procedencia ilícita.
A través de sus redes sociales, Calderón indicó que nunca acordó con el gobierno entrante ninguna exoneración y explicó que siguen abiertas averiguaciones contra Moreira por “falsificación de documentos, enriquecimiento , sobornos al grupo delictivo conocido como los Zetas a funcionarios de alto nivel de su gobierno y desviación de recursos”.
Incluso, indicó que la detención de Javier Villlarreal, extesorero de Coahuila, en Estados Unidos, sucedió después de concluir su gobierno y existen testimonios ante un juez de San Antonio que señalan a Humberto Moreira de encubrir a los Zetas.
Aquí el texto íntegro:
“En relación a las declaraciones del señor Andrés López Obrador dichas en Coahuila, me permito manifestar lo siguiente:
Es falsa y calumniosa la afirmación del señor López sobre un supuesto acuerdo entre un servidor y el lic. Enrique Peña Nieto en su calidad de Presidente electo, para exonerar al señor Humberto Moreira. Jamás existió tal acuerdo.
También rechazo categóricamente haber instruido, autorizado o permitido a la PGR realizar cualquier acto tendiente a ese propósito. Más allá de no ser facultades del Presidente de la República, no hubo ni tácita ni explícitamente tales actos.
Por lo que toca al documento que el señor dice tener sobre una supuesta exoneración de Humberto Moreira, con toda franqueza dudo incluso de su veracidad; jamás tuve conocimiento del mismo, y es francamente sospechoso que, siendo de la trascendencia que se le atribuye, no haya aparecido una sola nota periodística al respecto, ni en esas fechas ni en los casi cuatro años que han transcurrido hasta ahora. Se trataría entonces muy probablemente de un documento falso, en todo caso totalmente carente de validez, por las siguientes razones:
El documento no hace alusión a los hechos denunciados que hubiesen motivado una averiguación en la Procuraduría, ni tampoco a los motivos que aduce para llegar a lo que supuestamente resuelve. La Procuraduría no puede, sin fundamentación ni motivación, exonerar a persona alguna, de manera genérica e imprecisa, como si se tratase de la expedición de una constancia escolar de buena conducta. Se ocultan, a mi juicio de manera dolosa, la motivación y fundamentación de ese supuesto oficio.
Por otra parte, no procedería una exoneración teniendo la propia Procuraduría tantas averiguaciones previas abiertas. Es jurídicamente improcedente que se hubiese expedido de manera legal tal exoneración, porque sobre el señor Humberto Moreira pesan desde entonces muchas acusaciones, tanto en México como en Estados Unidos, sobre diversos tipos de delito. En efecto, al terminar mi mandato existían diversas denuncias más en curso de investigación, varias por enriquecimiento ilícito y otras por complicidades de su gobierno con el crimen organizado que seguían adelante y que no podían cancelarse de forma burda y prácticamente clandestina como se sugiere.
Por ejemplo, la PGR seguía una investigación por el delito de falsificación de documentos en contra de varios exfuncionarios del gobierno de Humberto Moreira, el ex titular de la Tesorería General de Coahuila, Miguel Ramón Rodríguez Flores; el ex secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila (SATEC), Héctor Javier Villarreal Hernández; el ex administrador general de Políticas Públicas del SATEC, Sergio Ricardo Fuentes Flores, y el ex subadministrador de Políticas Públicas del SATEC, Enrique Ledezma Sánchez. Ese delito corresponde a la contratación de deuda pública a través de
documentos falsos. Cabe destacar que, aunque esos funcionarios obtuvieron el beneficio de libertad bajo fianza por el juzgado segundo penal de primera instancia de Saltillo, Coahuila, las investigaciones seguían su curso, y las mismas no permitían descartar la posible responsabilidad de la autoridad superior de tales funcionarios, es decir del Gobernador Moreira.
En marzo de 2012 se tuvo noticia de que el señor Javier Villarreal estaba en EUA y se emitió solicitud de detención provisional con fines de extradición y fue a raíz de esta solicitud que ese país empezó a investigar sobre esas personas. Villareal fue detenido por autoridades en Estados Unidos cuando mi mandato ya había concluido. Sin embargo, a partir de ahí surgió toda la información para armar un caso sólido por parte de la Procuraduría para fincar responsabilidades, derivadas de las evidencias que con toda probabilidad la justicia estadunidense proveería respecto del exgobernador Moreira y de actos de su administración.
Otro caso, muy grave por los vínculos con la delincuencia organizada, era el del señor Humberto Torres Charles, alto funcionario del gobierno de Humberto Moreira y hermano Jesús Torres Charles Fiscal de Coahuila durante ese mandato, y a quien mantuvo en el cargo a pesar de los indicios de colaboración de este Fiscal con el crimen organizado que personalmente le hice saber al entonces gobernador Humberto Moreira. Humberto Torres Charles, fue consignado el 9 de febrero del 2012, por la PGR por el delito de Delincuencia Organizada con el fin de cometer delitos contra la salud, librándose en su momento la orden de aprehensión correspondiente.
Fuerzas federales decomisaron listas de nómina donde aparecían nombres y claves de policías y funcionarios del estado de Coahuila que recibían pagos a cambio de proteger e informar a los Zetas sobre los operativos en su contra. Asimismo, se localizaron paquetes de dinero con claves que coincidían con los nombres referidos en las listas de nómina. En particular, se encontró en dichas listas la clave Glenda y se localizó un paquete de dinero con 300 mil pesos, con el mismo nombre de Glenda, el cual derivado de las investigaciones fue identificado como Humberto Torres Charles.
En su oportunidad la PGR ofreció recompensa de 3 millones de pesos por la captura de este último, sin que se tenga dato de su detención. Pero, como en otros casos, al concluir mi administración seguía una averiguación previa abierta contra dicha persona por otros delitos que pudieran acreditarse derivado de las investigaciones.
Independientemente de ello, después de mi mandato han salido a la luz pública nuevos hechos, como la detención en Estados Unidos de varios subordinados de Humberto Moreira, que constituyen nuevas evidencias que permiten inculparlo no sólo de enriquecimiento ilícito, sino también de complicidad con el crimen organizado. Tal es el caso de varios testigos que lo han referido en una corte de San Antonio, por acciones de complicidad con los Zetas, incluyendo facilidades para usar libremente el penal del Piedras Negras para cometer crímenes atroces como la desaparición de víctimas en ese y en otros
municipios como Allende, o por facilitar a la delincuencia el uso de helicópteros del gobierno del estado para ayudar a escapar a sus líderes de los operativos en su búsqueda por parte de las fuerzas armadas.
Había pues múltiples denuncias de hechos diferenciados, desde falsificación de documentos, corrupción, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y otros que implicaban a la Administración de Humberto Moreira. Independientemente de que en la práctica del derecho penal no todos los hechos denunciados tengan igual soporte probatorio o jurídico, una exoneración lisa y llana carecería de toda validez, más allá – insisto- de la dudosa procedencia del documento que se menciona.
Recientemente, el periódico Reforma dio a conocer que las autoridades estatales a cargo de Rubén Moreira liberaron a Humberto Moreira de una de las acusaciones que pesan en su contra, averiguaciones derivadas muy probablemente a instancias de vista de la Procuraduría Federal en materia de la competencia local, en el caso concreto de enriquecimiento ilícito. Además, en este caso el conflicto de interés es mayúsculo, el encargado de la investigación, el Procurador Estatal Homero Ramos Gloria, se desempeñó como Secretario de Gobierno del propio Humberto Moreira.
Finalmente, quiero llamar la atención sobre el nivel de colaboración entre Humberto Moreira y López Obrador. Más allá de su invalidez jurídica, ¿Cómo pudo haberse hecho de ese documento, totalmente desconocido hasta ahora, si no a través del propio Humberto Moreira? ¿Cómo es que en su gira por Coahuila López Obrador no haya hecho ninguna referencia a los crímenes de Moreira cuando el propio candidato a gobernador de Morena los ha estado denunciando?
Es claro que durante mi administración se actuó con firmeza, a partir de evidencias, contra quienes presuntamente hubieran incurrido en delitos como fue el caso de Humberto Moreira y de funcionarios de su gobierno. Es claramente calumnioso sugerir que yo hubiese incurrido en algún tipo de pacto para su exoneración o que hubiese ordenado o autorizado la misma.
Atentamente,
Felipe Calderón Hinojosa”.