Ley de desaparición está a voluntad de autoridades: familiares

Los familiares de desaparecidos expresaron su decepción por la ausencia de legisladores, aunque ellos son quienes trabajan en la Ley General sobre Desapariciones Forzadas.

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Familiares de desaparecidos participaron hoy en un seminario en el Senado en el que lamentaron que los legisladores no les escuchen y denunciaron que en el país, donde desaparecen diez personas al día, reina “la simulación”.

En el evento, organizado por el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara alta y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, fue inaugurado por personalidades como el senador Miguel Barbosa.

Sin embargo, los familiares de desaparecidos, quienes protagonizaron la primera mesa de diálogo, expresaron su decepción por el hecho de que estos abandonaran el auditorio tras la apertura y por la ausencia de legisladores, aunque ellos son quienes trabajan en la Ley General sobre Desapariciones Forzadas.

“Esa es la práctica, nos dejan a nosotros hablando y ellos se van”, afirmó Lucía Díaz, del colectivo veracruzano de búsqueda de desaparecidos Solecito.

Argumentó que actualmente hay dos Méxicos; el primero es el que da la imagen de una nación moderna y “de primera”, mientras que el segundo es “el interior, el verdadero México, con un retraso voraz”.

Hallazgos como el de las fosas en las Colinas de Santa Fe, donde las autoridades han localizado 250 cráneos y miles de restos humanos, algunos de ellos triturados, “ponen a México justo en la dimensión que tiene que estar, en el país de la simulación, el ocultamiento”, denunció Díaz.

De acuerdo con cifras oficiales, en el país hay más de 30.000 desaparecidos, aunque los familiares señalan que esta cifra es aún mayor porque no se tiene en cuenta todos aquellos casos en los que no se interponen denuncias por miedo.

Grace Fernández, representante del Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC), evidenció el retraso que lleva la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones, la cual, recordó, lleva siendo trabajada junto con organizaciones civiles desde 2015, pero aún no ha sido aprobada.

Las leyes, apuntó, son necesarias para “que obliguen” a las autoridades a hacer su tarea: “Porque la responsabilidad la tienen, pero está sujeta a la buena voluntad”.

“Esto es un derecho, no es un favor que estemos pidiendo a nadie”, agregó.

Por otra parte, Mario Vergara, del colectivo Los otros desaparecidos, en el sureño estado de Guerrero, criticó que el personal que se encarga de las exhumaciones de las fosas no está preparado, que no se cumple el protocolo y que cuando los familiares señalan estas deficiencias se les contesta diciendo: “Así lo hacemos”.

Vergara se refirió al caso de los alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, y afirmó que esperan que los localicen porque: “Si no encuentran a los 43 estudiantes, no van a encontrar a nuestros familiares”.

Dirigiéndose al auditorio, pidió a los asistentes que no dejen a los familiares de desaparecidos “solos”, porque “el día de mañana puede ser su familia”.

La “desesperación” de la que hablaron los ponentes durante sus intervenciones se visibilizó en varios momentos de la jornada, cuando desde el público se hicieron interrupciones exigiendo resultados o que se apruebe la Ley de Desaparición Forzada.

Al término de las palabras de Barbosa en la inauguración, la madre y la hermana de una víctima de desaparición forzada en el estado de Guerrero alzaron la voz denunciando que, desde hace cinco años, las autoridades les han estado haciendo “perder el tiempo” y “burlándose” de ellas.

“No puede ser que estén hablando y hablando y no lleguen a acciones”, expresó la hermana, Deborah, quien añadió que han pasado cinco años desde la desaparición y no se ha hecho un operativo contra la persona responsable, que -aseguró- cuenta con la complicidad de las autoridades.

Este mes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe que reveló que en el país se han localizado al menos 855 fosas clandestinas en la última década, si bien existen cifras contradictorias al respecto y hay algunos estados que se niegan a proporcionar dicha información.