La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC) sancionó a dos empresas fachada de origen mexicano vinculadas con Abigael González Valencia, líder de la organización criminal de Los Cuinis.
Como resultado de esta acción, todos los bienes que posean estas firmas bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados, y se prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense realizar transacciones con ellas.
Las dos empresas sancionadas son Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac. Yorv Inmobiliaria que actúa como administrador de la propiedad de Plaza Los Tules, un centro comercial ubicado en Zapopan, Jalisco, que OFAC designó el 19 de agosto de 2015 debido a sus vínculos con González Valencia.
Grupo Segtac actúa como administrador de la propiedad de Xaman Ha Center, un centro comercial ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, que OFAC también designó en esa misma fecha por los mismos vínculos.
Estos centros comerciales fueron inicialmente gestionados en parte por Bric Inmobiliaria y Ahome Real Estate, los dos designadas por la OFAC en esa misma fecha en 2015. Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, fueron nombrados como los nuevos administradores de la propiedad en un intento por dar la vuelta a las sanciones OFAC, actuando como el intermediario “limpio” entre estos centros comerciales designados y la economía mexicana legítima.
El director de la OFAC, John Smith, advirtió que el gobierno de su país seguirá designando a nuevas empresas fachada que han sido creadas o cooptadas con el propósito de ocultar los intereses de González Valencia y de los Cuinis y sus aliados para evadir las sanciones.
Abigael González y Los Cuinis fueron incluidos en la lista de narcotraficantes del Departamento del Tesoro el 8 de abril de 2015.
Desde junio del año 2000, más de 2 mil individuos y empresas han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.
Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas van desde penas civiles de hasta un millón 437 mil 153 de dólares por cada violación, y penas criminales más severas.
El castigo para directivos de empresas puede ser de 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares, mientras que las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.