Organizados en el Colectivo Sí a la Vida, ejidatarios, agricultores, ganaderos, pastores de ganado mayor y menor, lechuguilleros, candelilleros y artesanos de los municipios coahuilenses de General Cepeda, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, obtuvieron un fallo positivo en un tribunal federal en el diferendo interpuesto para “defender la tierra y el agua que nos sustentan y, concretamente, impedir la instalación y operación de un Confinamiento de Residuos Industriales Tóxicos y Peligrosos (CIMARI) en terrenos aledaños al ejido Noria de la Sabina”.
Los activistas resaltan que las tierras, aguas y aire de sus ejidos tienen una vocación forestal y agropecuaria, y siguen subsistiendo de los recursos naturales de la tierra, a la que “respetan y protegen”.
Las sentencias a su favor emitidas en respuesta a los juicios que se han promovido ante Tribunales Federales.
En octubre del 2016 los magistrados de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitieron una sentencia interlocutoria de medidas cautelares, a través de la cual se concedió, en definitiva, la suspensión solicitada.
“Se busca la protección al medio ambiente y la salud de las personas, además de evitar un daño de imposible reparación”, poniendo de manifiesto relevancia a las cuestiones ambientales y de salud, ya que se implica no sólo a la presente generación, sino a las siguientes, y no sólo a los vecinos de los terrenos en cuestión, sino del disfrute de los derechos humanos de toda persona a un medio ambiente sano, salud y calidad de vida, agregan.
Hace poco más de 15 días, en febrero del 2017, la misma Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia definitiva mediante la cual resolvió que se declara la nulidad de la resolución impugnada; es decir, la autorización en materia de impacto ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó al proyecto promovido por la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. de C.V. (SEMNSA), lo cual evidencia que el confinamiento de residuos peligrosos se terminó de construir y está operando ilegalmente, ya que su autorización en materia de impacto ambiental (MIA) primeramente había sido suspendida, y ahora ha sido declarada como nula.
Es importante repetir que se sigue operando y de ello son testigos las campesinas y los ejidatarios de la zona.
Sin embargo, agrega el colectivo, autoridades y empresas en Coahuila, buscan desmantelar la propiedad social de la tierra a campesinos, ixtleros, candelilleros y chiveros, para proletarizarlos e inducirlos al consumo de una economía que sólo ha dejado violencia.
“Localizan enclaves aislados, poco poblados y empobrecidos; inician trámites en la sombra, sin informar a las comunidades aledañas; distribuyen dádivas y adoptan medidas asistencialistas para enfrentar y dividir a las comunidades; niegan información acerca de la naturaleza del proyecto de manera comprensible y oportuna”, se quejaron al denunciar que son persistentes los actos de intimidación “a quienes se resisten, siembran calumnias entre las familias que luchan por la vida y el territorio, y judicializan la protesta social”, finalizan en un posicionamiento.