La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aclaró que su trabajo no tiene como fin “exonerar” o “inculpar” a las personas físicas encargadas de hacer uso del presupuesto, en la aplicación de programas o políticas públicas.
En el marco de la contienda electoral en los estados de Coahuila, de México y Nayarit, el órgano fiscalizador puntualizó que al revisar la utilización de los recursos públicos no certifica ni avala las gestiones de los organismos y dependencias auditadas.
Por lo anterior, se deslindó de señalamientos de que la ASF “califica o descalifica” la actuación de funcionarios públicos o personas con acceso al presupuesto, ya que ello pone en duda su independencia y autonomía.
“La institución se deslinda de cualquier manifestación relativa a supuestas calificaciones de la actuación de individuos o grupos, puesto que estas ponen en entredicho la independencia y autonomía del órgano fiscalizador”, atajó.
En un pronunciamiento escrito de siete puntos, el ente fiscalizador reconoció que los resultados de la revisión a la cuenta pública a nivel federal y del uso de recursos federales enviados a los estados, municipios, universidades locales y otros entes, en un entorno democrático “llegan a ser capitalizados en beneficio o en detrimento de la imagen personal o de grupo de aquellos que contienden por cargos de elección popular, a través de la construcción de corrientes de opinión”.
Sin embargo, esto no significa que el objetivo de la fiscalización sea el de avalar o reprobar administraciones o la labor de personas físicas relacionadas con el ejercicio de los recursos públicos, apuntó.
Especificó que la fiscalización a la cuenta pública se lleva a cabo conforme a rigurosos procesos y metodologías bien definidas, conforme a consideraciones técnicas acordes a las mejores prácticas internacionales, ajenas a factores externos como intereses partidistas o políticos.
Los resultados presentados se sustentan en evidencia “suficiente, competente y relevante”, aunado a que los hallazgos y observaciones hechas tienen como propósito señalar desviaciones del cumplimiento de los objetivos; y que se observe la normatividad sobre el uso de los recursos públicos.
“Por consiguiente, la ASF no expide certificaciones que avalen una gestión correcta de los entes auditados o de quienes participaron en los procesos correspondientes; esto no guarda relación alguna con su mandato constitucional”, insistió.