El “2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México”, afirmó este viernes el ombudsman de México, Luis Raúl González Pérez, denunciando casos de tortura, ejecuciones arbitrarias, desapariciones, violencia contra migrantes, mujeres y periodistas.
“Fue un año en el cual las autoridades federales, estatales y municipales no pudieron garantizar la vigencia y respeto de los derechos humanos en nuestro país como consecuencia de la corrupción, la falta de capacitación y la debilidad del Estado de Derecho”, dijo.
González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, hizo estas declaraciones en la presentación del informe anual del organismo, ante el presidente Enrique Peña Nieto y otros responsables de su gobierno.
En México, la justicia “sigue siendo una mera aspiración para muchas personas, en particular para los familiares de los miles de desaparecidos”, muchos de los cuales emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos, aseguró.
El informe recoge así la colaboración de las familias en el hallazgo de numerosas fosas comunes clandestinas, encabezadas por las 107 con restos óseos de más de 250 personas descubiertas en el estado de Veracruz (este).
Numerosos niños, niñas y jóvenes, tanto mexicanos como de otros países, fueron por su parte “víctimas de trata o fueron cooptados por el crimen organizado” cuando intentaban llegar a Estados Unidos, denunció también González Pérez.
Las mujeres volvieron a ser víctimas de violencia a menudo no sancionada.
“El delito de feminicidio todavía no está reconocido en todo el país”, lamentó.
Otro colectivo especialmente atacado en 2016 fue el de la prensa.
“Muestra de ello son los 13 periodistas que fueron privados de la vida en 2016, tendencia que continúa en el año en curso”, afirmó, en referencia a los cuatro informadores baleados en el país durante este mes de marzo, de los cuales tres murieron.
En 2016, la CNDH emitió 72 recomendaciones dirigidas a 55 autoridades del país, un 20% más que en 2015. Sin embargo, en muchas ocasiones los llamados del organismo no se atienden hasta que una instancia internacional se pronuncia al respecto, fustigó.
Por su parte, Peña Nieto aseguró que su gobierno ha aceptado todas las recomendaciones emitidas por la Comisión y que está “decidido a avanzar en su cumplimiento”.
El presidente aseguró también que habrá una “revisión del diseño y operación de los mecanismos para la protección de periodistas y de defensores de los derechos humanos”.
Sobre la desaparición forzada, afirmó que es “urgente garantizar el derecho a la verdad, la memoria de las víctimas y mitigar la angustia de las familias”.
Y marcó como prioridades de su gobierno defender los derechos de los migrantes y de los mexicanos que retornan al país y garantizar que las mujeres “puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia”.