La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) condenaron “enérgicamente” la violencia sexual de la que fuera víctima Daphne Fernández en enero de 2015, en Boca del Río, Veracruz, por cuatro jóvenes identificados como los Porkys.
Asimismo, reconocieron la oportuna actuación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para iniciar un procedimiento administrativo en este caso paradigmático en contra del juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito con sede en Veracruz, Anuar González Hemadi, quien otorgó un amparo a Diego Cruz, porque consideró que los tocamientos a la víctima no acreditaban el delito de pederastia.
Las instancias gubernamentales confiaron que la resolución del CJF abonará a combatir la impunidad a la que se pueden enfrentar niñas, adolescentes y mujeres en el acceso en la justicia.
Indicaron que este caso brinda una oportunidad muy importante para que el Poder Judicial Federal siente criterios sobre los elementos objetivos y subjetivos de los delitos de pederastía, abuso y violación sexual que permitirían tener lineamientos más claros para los jueces locales y federales, evitando así casos de impunidad.
Mencionaron que de acuerdo con el Segundo Diagnóstico Nacional de Violencia Sexual en México que realizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, de los cuales 9 de cada 10 víctimas son mujeres y en particular 4 de cada 10 son menores de 15 años de edad.
A estos datos se agrega que la mayoría de las niñas y adolescentes no revelan que sufrieron violencia sexual, por miedo, vergüenza, culpa o porque no reconocen su victimización.
Finalmente, las instituciones reprobaron y condenaron cualquier acto que violente los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, y transmitieron al gobierno estatal su disposición para colaborar en la atención del asunto, así como su acompañamiento a la víctima y su familia, en caso de que así lo deseen.