La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, tomó sus precauciones en torno a la polémica con el diputado suplente por Chihuahua, Antonio Tarín, que este martes tomaría protesta en el cargo, pero no lo pudo hacer.
Ello, debido a que la Fiscalía General de ese estado notificó formalmente a la Mesa Directiva de San Lázaro, de la existencia de una orden de aprehensión en su contra, por el delito de peculado.
El vicecoordinador Carlos Ramírez informó la decisión de retirar del orden del día la toma de protesta del señalado, aunado a que acordó con él que primero resuelva su situación jurídica y en cuanto ello suceda, si la ley se lo permite, que regrese a integrarse a la Cámara.
Ramírez Marín indicó que a consideración del PRI, Tarín García tenía derecho a tomar protesta, pero para evitar suspicacias, se le recomendó aclarar los cargos que le imputan.
“Las razones por las que hacemos esta solicitud es que aún cuando pensamos que le asistiera al señor Tarín García el derecho de tomar protesta como diputado, dadas las condiciones actuales pudiera interpretarse como que la Cámara de Diputados, particularmente la fracción del PRI, le otorgara una protección especial a sabiendas de que existe una carpeta de investigación derivada de distintos hechos en el estado de Chihuahua”, indicó.
En descargo de su compañero de partido, Ramírez Marín afirmó que su toma de protesta como diputado habría sido legal e incluso confían en “la probidad de sus acciones”.
Sin embargo, los priístas prefirieron no despertar suspicacias, ni dar la impresión de que la fracción tricolor o la Cámara le otorgarían protección especial, es decir, fuero.
Subrayó que la comunicación de la Fiscalía de Chihuahua no era motivo suficiente para impedir que asumiera el puesto que dejó vacante el diputado titular, Carlos Hermosillo, que la semana pasada falleció a causa de un accidente en carretera.
“Confiamos en la probidad de sus acciones y en el derecho que tiene de defenderse y de asumir esta posición, este cargo, con una situación legal mucho más definida que la que ahora pudiera tener. Creemos, insisto, le asiste la razón legal de querer tomar protesta como diputado, que el sólo oficio girado por el estado de Chihuahua no alcanzaría legalmente para impedir su toma de protesta, ya que la suspensión de derechos que pudiera impedirlo, no se consuma por el hecho de este oficio girado por la Fiscalía del estado Chihuahua”, refrendó.
Por su parte, el coordinador de los diputados prístas por Chihuahua, Fernando Uriarte indicó que el Revolucionario Institucional se apega a la legalidad y no pretende mandar mensajes o señales de “protección” a favor de nadie.
Uriarte Zazueta aprovechó para arremeter contra la incompetencia del gobierno de Chihuahua en materia de seguridad y calificó como una “burda maniobra distractora” de esa administración.
“Lo que sí vemos es un oportunismo político, es hacer mediático un asunto que no tenía más fondo que ese y, lo que vemos es una persecución de carácter político, por parte del gobierno del estado, a muchos de los funcionarios de la anterior administración, pero sobretodo, era muy atractivo hacerlo a un diputado suplente que iba a rendir protesta.
Hablando con él, entendió bien la situación, él confía y nosotros también en su defensa jurídica”, apuntó.
El documento que llegó a la Mesa Directiva de la Cámara hace alusión a la causa penal 780/2017, con número de oficio 6020/0217.
Indica que este lunes 27 de marzo, el Juez de Control del distrito judicial Morelos, Eduardo Alexis Ornelas Pérez, libró orden de aprehensión contra Antonio Enrique Tarín García y otras persona de nombre Ricardo Yáñez Herrera y Gerardo Villegas Madriles, por el delito de peculado cometido en perjuicio del servicio público, previsto en el artículo 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua.