La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, aprobó con modificaciones, el punto de acuerdo a través de qué se solicitará “rescindir” y no “cancelar” los contratos entregados por organismos públicos, a la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en actos de corrupción, que incluyen el pago de sobornos a funcionarios de Pemex.
La discusión que se pospuso una semana, con el propósito de afinar los términos del punto de acuerdo promovido por la coordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rocío Nahle, finalmente avanzó.
En la primera oportunidad que se abordó el asunto, legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), habían solicitado ajustar la redacción, con el argumento de que era excesivo solicitar la “cancelación” de contratos con la empresa referida, pues ello podría afectar los intereses de los estados.
Al respecto, la diputada Nahle García dio el visto bueno a la determinación tomada por unanimidad en la Comisión de Transparencia, pues el fin de solicitar al Ejecutivo Federal y a las instancias correspondientes, que suspendan y den marcha atrás a sus tratos con la brasileña, podría cumplirse, si la asamblea reunida en Pleno así lo acepta.
La congresista subrayó que en todos los contratos entregados a la polémica constructora, no solo en México sino en América Latina, se concedieron extensiones, en beneficio de la empresa, gracias a los sobornos pagados a funcionarios corruptos.
Puntualizó que el acuerdo establece que se exhortará a Pemex, así como a los gobiernos de Veracruz, Hidalgo y Guanajuato, a que rescindan sus acuerdos, adjudicaciones, proyectos y contratos con Odebrecht.
Agregó que la propuesta incluye solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que dé a conocer detalles de las anomalías en las que se involucra a la empresa señalada; así como la intervención de la Secretaría de la Función Pública a que informe sobre el avance en las investigaciones del caso.
Asimismo, demandarán que la Función Pública y Pemex den a conocer cuántos contratos con Odebrecht tienen, y en especial, en qué situación se encuentra el acuerdo de gas etano asociado a la planta petroquímica Etileno XXI.