En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió más tiempo para evaluar la lista de presidentes municipales y organizaciones sociales, así como instancias defensoras de derechos humanos que serán invitadas a dialogar y presentar sus posturas sobre la Ley de Seguridad Interior y el mando mixto policial.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez, señaló que en las próximas horas, probablemente este mismo martes 28 de marzo, la fracción priísta notifique su decisión.
“Habíamos pensado que el día 29, el día miércoles, estuvieran presentes aquí organizaciones nacionales de derechos humanos u organizaciones no gubernamentales, para tocar el tema de seguridad interior. Se pidió hoy en la sesión, que se pudiera analizar un mayor número de organizaciones que pudieran estar presentes, a petición del PRI, y se concedió esa posibilidad”, expuso.
Refrendó que para la oposición, el debate de los temas de seguridad debe ser integral y no solo concentrarse en el asunto de la reglamentación de las tareas de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad.
Lo anterior, a propósito de lo declarado por el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, quien argumentó que su administración no tiene la capacidad de hacer frente a los problemas de inseguridad ni a la operación del crimen organizado.
“Tanto el PRD como el PAN y entiendo que Morena y Movimiento Ciudadano, están en la lógica de analizar el marco estructural en materia de seguridad pública. En ese sentido, las posturas están muy claras y si bien es cierto que pudiera haber cierta influencia con relación al tema que trata el gobernador de Chihuahua, me parece que nosotros seguimos en la misma postura, en el sentido de hacer una discusión de lo estructural, más que de lo particular de una Ley de Seguridad Interior”, insistió.
Los congresistas recibieron la semana pasada la visita de los gobernadores de Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán y establecieron que después de los encuentros con alcaldes y organismos defensores de derechos, se prepararán para dictaminar.