Ante el apremio de algunos integrantes del Poder Legislativo que buscan aprobar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior antes de que acabe abril, expertos y defensores en Guerrero, expresan su oposición “contundente” una Ley de Seguridad Interior que otorgue a las fuerzas armadas facultades de policía y siga privilegiando la militarización de la seguridad, creando estados de excepción y que deje intocado el sistema de corrupción e impunidad que impera en los cuerpos de seguridad estatal para que sigan protegiendo a la clase política vinculada con el crimen organizado.
Una Ley así, “pone en el centro del debate el paradigma de la fuerza en detrimento de una seguridad ciudadana”, reclaman el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, él Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Los grupos insisten en el debate vigoroso, democrático y plural para alcanzar una Ley de seguridad que ponga en el centro a las víctimas de la inseguridad y la violencia y bajo un modelo policial democrático, profesional, bajo controles que aseguren la rendición de cuentas.
“En Guerrero tenemos heridas abiertas provocadas por la militarización en tiempos pasados y actuales, que nos impiden consolidar nuestra democracia. Los centenares de víctimas han tenido que salir a las calles a protestar para exigir la presentación de sus familiares desaparecidos, para demandar verdad, justicia, reparación integral y castigo a los responsables”, enfatizaron defensores y expertos organizadores del foro “Seguridad o derechos humanos: Una falsa dicotomía”, manifiestan los grupos.
Las discusión y debate de esta Ley es particularmente importante en el Estado de Guerrero, epicentro de la militarización que ha dejado una huella profunda de dolor y sufrimiento en centenares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas que no han alcanzado justicia y que se mantienen este continuum de impunidad desde la época de “la guerra sucia” y la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón en su “guerra contra el narcotráfico”, agregan.
Más de seiscientos desaparecidos en los años setentas, decenas de violaciones sexuales, torturas y ejecuciones extrajudiciales desde el año dos mil a la fecha son los saldos de una política gubernamental que privilegió militarización de la seguridad pública y omitió profesionalizar a los cuerpos policíacos. En un estado mal trecho por la violencia caciquil, el quehacer policial devino en una acción delincuencial institucionalizada que dio licencia a elementos policíacos que se trasformaron en un serio peligro para la sociedad por sus antecedentes criminales.
De nada ha servido que los militares hayan asumido tareas de seguridad pública en el Estado si los niveles de violencia siguen aumentando exponencialmente cada día, finalizaron.