La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República denunció la “descarada” intromisión del Gobierno Federal en las elecciones de junio próximo.
El coordinador Fernando Herrera señaló que de manera oportuna, se exigió frenar el uso de recursos públicos y programas sociales con fines electorales, en especial en el estado de México, donde la intervención de funcionarios de los gobiernos local y federal es “cínica y descarada”.
“Los senadores de Acción Nacional exigimos, en su momento, que el Gobierno priista sujetara las estructuras administrativas de la administración pública federal y las de los estados donde gobierna su partido, para que se abstuvieran de utilizar recursos públicos y programas sociales a favor de sus candidatos, así como de violentar las normas democráticas y los topes de gastos de campaña”, refrendó.
Herrera Ávila subrayó que la intervención en los procesos electorales que se llevarán a cabo este año es ilegal y de continuar “sería un crimen de lesa patria que en tan delicados momentos para México, las prácticas de abuso del poder con fines electorales, atentaran contra la disposición solidaria de las fuerzas políticas”.
El legislador dijo que las maniobras electorales de los gobiernos priístas tienen razón de ser en la “desesperación”, por el creciente rechazo ciudadano.
Indicó que por tales hechos, que incluyen el uso de programas sociales a cambio del voto, su partido ya presentó denuncias formales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Subrayó que las irregularidades están a la vista, ya que en las última semanas se han “multiplicado” las visitas, entregas de beneficios sociales a cambio de la credencial de elector, giras y actos de funcionarios del Gobierno Federal que parecen estar en mítines político-electorales.
Otra prueba de la operación político-electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el aumento en la publicidad gubernamental en el Estado de México; la entrega de tinacos, despensas y pintura en municipios de Coahuila; casos que se están replicando en Nayarit.
Por su parte, senadora Laura Rojas, pidió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que a través de auditorías de desempeño, verifique qué tipo de uso se está dando a los programas sociales y padrones de beneficiarios en especial en el Estado de México
La congresista demandó que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue los posibles delitos electorales cometidos por funcionarios públicos que de manera muy activa, están haciendo acto de presencia en especial en el territorio mexiquense.
Detalló que desde el pasado siete de septiembre de 2016, funcionarios federales de distintas dependencias han realizado 89 visitas a esa entidad, incluyendo a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles, que ha estado 14 veces en ese estado; el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, que acumula nueve visitas; y el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio Chong, que ha estado seis ocasiones en el Estado de México.
A esos funcionarios se han sumado el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Francisco Guzmán Ortíz, con seis; el Director General del IMSS, Mikel Arriola, con cinco visitas; el Subsecretario de la SEDATU, Enrique González, con cuatro.
Mientras que el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano; el de Comunicación y Transporte (SCT), Gerardo Ruíz; el Subsecretario de Planeación Evaluación y Desarrollo Regional de SEDESOL, Javier García Bejos y el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza, han ido en tres ocasiones al Estado de México, cada uno, a realizar eventos y promocionar acciones gubernamentales.
La senadora Rojas Hernández dijo que los programas que están siendo utilizados con fines electorales son el de empleo temporal; el de Capacitación y Apoyos agropecuarios; Prospera y Papelito Habla; a lo cual se suma el reparto de dinero entre los votantes, a través de las tarjetas denominadas “La Efectiva”.
Dichas acciones, consideró, violan el artículo 134 constitucional, el cual establece que los recursos públicos se utilizarán con imparcialidad y sin influir en procesos electorales.
De igual modo, violentan el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que cataloga como infracciones cometidas por funcionarios públicos, la utilización de programas sociales y recursos públicos sean federales, estatales o municipales, para inducir o coaccionar el voto ciudadano a favor o en contra de cualquier partido o candidato político.