La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aclaró que no establecerá responsabilidades de tipo penal, solo de corte administrativo, contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el uso irregular que hizo de aeronaves oficiales, pertenecientes a esa empresa.
El auditor especial de cumplimiento financiero de la ASF, Juan Javier Pérez indicó ante integrantes de la Comisión Investigadora de los contratos de empresas públicas y organismos de participación estatal, que de acuerdo a las auditorías aplicadas en 2015, Lozoya Austin llevó a cabo con fines personales, más de 900 traslados en aeronaves de la petrolera, cuyo costo aproximado fue de 174 mil pesos diarios.
Expuso que ante la imposibilidad de determinar si los constantes vuelos del entonces funcionario federal se llevaron a cabo con fines personales o ajenos a los objetivos de Pemex, el órgano fiscalizador estableció en su informe 2015 que por la utilización inusual de esos equipos, se señalarán responsabilidades administrativas.
“No podemos en consecuencia, con precisión, y recuerde que nosotros si hacemos imputaciones tenemos la obligación de probarlas, no podemos en consecuencia decir si un cierto vuelo se usó para necesidades institucionales o no, eso lo desconocemos y en ese sentido está nuestro informe. Nosotros estamos plasmando en el informe respecto a estos equipos de vuelo, el helicóptero y el avión, estamos plasmando cual fue el uso que se les dio”, dijo.
“En consecuencia, estamos promoviendo una responsabilidad administrativa, que toca de acuerdo a sus facultades, al órgano interno de control, en este caso por ser empresa productiva del Estado, al área de responsabilidades de Petróleos Mexicanos definir cómo la instrumenta. Nosotros no podríamos hacer ni soportar una denuncia ante la Procuraduría General de la República ni podríamos hacer una interpretación de un daño”, refrendó el auditor Pérez Saavedra.
En cuanto a la compra de aeronaves como parte de los programas para vigilar y prevenir el robo de hidrocarburos, se confirmó que se utilizaron del modo adecuado.
Puntualizó que la ASF no revisó el tema de la compra de automóviles y demás vehículos en Pemex, durante la administración de Lozoya Austin. Agregó que tampoco se revisó en específico el asunto de las “donaciones” al Sindicato de Trabajadores Petroleros, al menos en 2015, pues lo que se han auditado son pagos previstos en el contrato colectivo de trabajo.
Respecto a los contratos en la modalidad de asociación público-privadas entregados en 2014 y 2015 por empresas y organismos con participación estatal, con el fin de realizar proyectos como el polémico Acueducto Monterrey VI, la ASF encontró que todos los riesgos corrieron a cargo de la parte oficial.