Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la postura del gobierno mexicano de defender la ‘verdad histórica’ del caso Iguala es algo grave.
Después de que se realizó la audiencia pública sobre los avances de la desaparición de los 43 normalistas el pasado 26 de septiembre de 2014, donde el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa aceptó que la versión sobre la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula es la única respuesta que tiene el Ejecutivo, lo que fue señalado como una crisis.
Estas afirmaciones contrastan con los dos informes que entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se confirmó que en el basurero no habrían sido quemados algunos de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
“No es que estemos preocupados, pero tenemos que seguir apostando porque el mecanismo avance, no queremos que se acabe, queremos que sea útil, está mejor con el apoyo de la comisión que sin ella”.
“No sé que esperan que digamos ¿Que la Comisión se va del mecanismo? No vamos a patear el tablero porque creemos que hay una finalidad mayor”, comentó José Eguiguren Praeli, presidente de la CIDH.