La empresa trasnacional de biotecnología para la agricultura Monsanto seguirá con la siembra de soya genéticamente modificada en los municipios de Bacalar y Othon P. Blanco, en Quintana Roo, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no discutió la petición de los habitantes para revocar el permiso.
Ministros de la Primera Sala, dejaron en lista la revisión del amparo 923/2016 con lo que esta compañía mantendrá su funcionamiento de manera normal, a pesar de las quejas presentadas por los residentes, incluso, el ministro José Fernando Franco, manejó que la solución para este caso es que se realice una consulta para definir la salida de esta empresa.
Sobre este asunto, Raymundo Espinosa Hernández, abogado del colectivo de defensa del territorio de las comunidades mayas en Quintana Roo, explicó que se debió tomar en cuenta los usos y costumbres de los municipios afectados, antes que una consulta.
“Se dice que nos dan seis meses para celebrar la consulta, a nosotros nos parece de nuevo que si de lo que se trata es de garantizar el derecho fundamental de las comunidades indígenas, que es el derecho de libre determinación, cuando se impone de manera subjetiva y sin argumentación suficiente.
“Que es por eso que impugnamos la sentencia en primera instancia, seis meses como el tiempo para realizar la consulta, se está volviendo a violentar el derecho que supone que se tiene que garantizar que es la libre determinación”, comentó el abogado.