La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), aclaró que no puede intervenir en el caso del derrame ocasionado por una toma clandestina de diésel, registrado el pasado 15 de marzo, en el poliducto de 12 Madero-Linares-Cadereyta, ubicada en el municipio de Linares, en Nuevo León.
El organismo recordó que desde el año 2015, dejó de tener facultades para atender emergencias ambientales y daño provocados por la actividad ilícita o clandestina en el sector hidrocarburos.
La instancia facultada para ello y a la cual se dio vista de los hechos en cuestión, agregó en un comunicado, es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).
Puntualizó que del 2015 a la fecha, según el Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (COATEA), en el estado de Nuevo León se han registrado 42 emergencias asociadas a la “liberación de sustancias químicas”, no detalló si por accidente o a causa del robo de combustibles”.
Insistió en que desde ese año la Procuraduría carece de atribuciones para intervenir en especial en emergencias generadas por el manejo ilícito de hidrocarburos y otros petrolíferos.
Lo anterior, en cumplimiento de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la cual se aprobó en agosto del 2014 y entró en funciones en marzo del 2015.
De modo que “la PROFEPA carece de atribuciones para regular, supervisar y sancionar en materia de protección al medio ambiente las actividades del sector hidrocarburos, incluido el transporte de los hidrocarburos por ducto”, justificó.
“Corresponde a la ASEA la atención y seguimiento del mismo, autoridad a la cual la PROFEPA le hizo de su conocimiento, el mismo día de los hechos del evento”, remarcó.