La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este viernes la presión al Estado de México para cerrar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, mientras familiares de las víctimas acusaron al gobierno de dar “puras mentiras”.
Más de dos años después de ser atacados por policías ligados al narcotráfico, se desconoce el paradero, vivos o muertos, del casi medio centenar de estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa y ninguna persona ha sido condenada por su desaparición.
El comisionado Paulo Vannuchi exhortó a México a mostrar la misma diligencia que tuvo durante la recaptura del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, objeto de una cacería multitudinaria luego de su espectacular fuga de una prisión federal en 2015.
“Un Estado que ha mostrado la capacidad de accionar mecanismos de investigación, inteligencia y tecnología para aprehender al ‘Chapo’ Guzmán, es un Estado que puede ubicar los nombres de los asesinos”, afirmó.
Vannuchi llamó a México a cerrar el caso antes de septiembre próximo, cuando se cumplirían tres años de la desaparición.
La relatora para México, Esmeralda de Troitiño, instó al gobierno a no descartar el uso de cualquier tecnología disponible en la búsqueda de los estudiantes.
“Me parece importante por lo avanzado de esa tecnología (…) que nos permitiera la ubicación de las víctimas”, apuntó durante una audiencia
La violencia en México ha cobrado miles de desaparecidos, pero el caso de Ayotzinapa logró captar la indignación generalizada y la Comisión urgió a llegar a una pronta conclusión.
“Ayotzinapa es un caso simbólico”, dijo Vannuchi.
Representantes mexicanos negaron la comparación del caso con la búsqueda de “El Chapo”, detallando una extensa investigación judicial para acusar a los sospechosos a la par que se sigue buscando a los jóvenes, presuntamente asesinados y enterrados en fosas.
Acompañados de simpatizantes, los familiares de los desaparecidos denunciaron los resultados de la investigación oficial en un duro enfrentamiento con la representación del gobierno.
“Ellos no han hecho nada para encontrar a nuestros hijos”, dijo Joaquina García, denunciando “puras mentiras” de las autoridades que llevan a cabo la investigación.
En lágrimas, otra madre, Cristina Bautista Salvador, declaró: “A 30 meses no sabemos nada de nuestros hijos”.