El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 366 votos a favor, cinco abstenciones y cinco votos en contra, la reforma en materia de revalidación de estudios, enviada por el presidente de la República y que fue modificada por el Senado, a fin de reintegrar al sistema educativo nacional a los “dreamers” o estudiantes que regresen al país de manera voluntaria o forzados por la política migratoria de Estados Unidos.
Los cambios a la Ley General de Educación fueron aprobados en lo particular con 283 votos a favor, cinco abstenciones y 40 en contra, y serán enviados al Ejecutivo Federal para su promulgación oficial.
Al presentar el proyecto, la presidenta de la Comisión de Educación e integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón, destacó que la reforma no tiene como fin privatizar la educación ni la facultad de revalidar estudios, aunque se autorizará a universidades privadas a ejercer esa función.
“No se trata como se ha señalado por diversos actores, de la renuncia del Estado a la rectoría de la educación, esto desvirtúa desde luego el texto que hoy les presentamos y no reconoce la realidad histórica que enfrenta nuestro país en materia educativa. El dictamen otorga a las instituciones educativas particulares la posibilidad de emitir revalidación parcial de estudios”, indicó.
Por el contrario, dijo Aragón Castillo, se reconoce el derecho de “transito” en el ámbito educativo no solo a los migrantes deportados, sino a todo estudiante mexicano.
Esto es, puntualizó, que cualquier estudiante, proveniente o no de Estados Unidos, tenga oportunidad de revalidar estudios en los planteles con reconocimiento oficial, sean públicos o privados.
La reforma establece que estudiantes de todos los niveles educativos en el país y en especial, quienes provengan del extranjero podrán acceder a la revalidación de sus estudios en escuelas públicas y privadas.
Contempla un “marco de cualificaciones”, un Sistema Nacional de Créditos Académicos y disposiciones de control escolar que facilitarán la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de los estudios. Lo anterior para facilitar el “tránsito” de los alumnos en el sistema educativo.
Prevé que las escuelas autorizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para revalidar parcialmente los estudios y que incurran en anomalías, perderán dicha acreditación.
Establece que las revalidaciones o equivalencias de estudios emitidas, se registrarán en el Sistema de Información y Gestión Educativa; de igual modo, se permitirá acreditar el nivel educativo a quienes no cuenten con sus documentos, a través de la acreditación de conocimientos; aunado a que se facilitará la obtención de la documentación correspondiente.
En el debate, el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Gonzalo Guízar, que calificó como un “viacrucis” el cumplir con los trámites para revalidar estudios en México, subrayó que la normatividad aprobada “simplificará” dichos procedimientos.
“Se simplifican los trámites, hay una especie de mejora regulatoria con este mandato. Que ahora estamos simplificando y darle la oportunidad con este programa de revalidación para que se incorporen al sistema educativo mexicano que antes de esta reforma, es totalmente un viacrucis. Privilegia el aprovechamiento: no lo puedo acreditar con documento pero sí lo puedo acreditar con aprovechamiento, con un examen”, indicó Guízar Valladares.
El diputado de Nueva Alianza (PANAL), Luis Manuel Hernández León afirmó que los cambios son la respuesta del gobierno mexicano a los connacionales afectados por la “equivocada” política migratoria de Estados Unidos.
Por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Joaquín Díaz advirtió que la la reforma para los llamados “dreamers” quedará en “buenas intenciones” si no se destinan los recursos suficientes al sector educativo, que año con año, rechaza a miles de estudiantes en el propio territorio nacional.
A nombre de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la diputada Patricia Aceves insistió en que la reforma preferente enviada por el Ejecutivo Federal y que fue modificada en el Senado de la República, tiene como fin último privatizar los servicios educativos.
Qué beneficio o utilidad tendrá para los inmigrantes y para los estudiantes en general que las escuelas particulares revaliden estudios, cuando la facultad exclusiva para ello es del Estado, cuestionó.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tania Arguijo fue más clara al señalar que sin el control necesario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) podría autorizar a “cualquier escuela patito” a otorgar revalidaciones “a diestra y siniestra”.