Un juez federal condenó al ex director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Juzgado Decimosegundo de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México dictó sentencia condenatoria al ex funcionario, por incrementar de manera desproporcionada su patrimonio por un total de 36 millones 13 mil 379 pesos.
“La sentencia del juez federal señala que quedó acreditado que en el periodo de 2001 al 27 de octubre de 2010, el sentenciado tuvo como única fuente de ingresos su sueldo con motivo de los cargos que desempeñó en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los que percibió 21 millones 51 mil 887 pesos.
“Precisa que también se demostró que en dicho periodo, el sentenciado incrementó ilícitamente su patrimonio de forma desproporcionada por un total de 36 millones 13 mil 379 pesos, con bienes de origen distinto a los ingresos que recibió como funcionario público sin demostrar su licitud”, comentó la dependencia en un comunicado.
La CJF aclaró que a Moreno Díaz se le detectaron depósitos en diversas cuentas de origen no identificado por 7 millones 694 mil 441 pesos, un terreno en Ensenada, Baja California con valor de 416 mil 145 pesos. Así como vehículos Jeep modelo 2009 con costo de 57 mil 400 pesos, Audi modelo 2003 por 212 mil 732 pesos, Lobo modelo 2005 en 359 mil 800 pesos y Nissan modelo 2003 por 104 mil 400 pesos.
También pagos a tarjeta de crédito en Estados Unidos por un millón 785 mil 12 pesos, un Yate con valor de 22 mil 168 pesos y un Ferrari Spider de 3 millones 258 mil 279 pesos.
“Asimismo, la autoridad jurisdiccional le impuso otras sanciones como la inhabilitación por ocho años y un mes para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos; el pago de 545 días multa, equivalentes a 31 mil 315 pesos, sustituibles por igual número de jornadas de trabajo, en caso de insolvencia económica; el decomiso de los bienes cuya procedencia no logró acreditar; la suspensión de derechos políticos y civiles; y, una amonestación pública”.