Luego de seis meses, los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, la PGR y la Secretaría de Gobernación (Segob) reanudaron este jueves las mesas de diálogo en torno a las investigaciones del caso Iguala.
Al término de la reunión de tres horas, la PGR confirmó que se inició un procedimiento administrativo y no penal en contra de siete servidores públicos entre los que se encuentra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por las irregularidades denunciadas en la investigación.
El fiscal especial para el caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, comentó que el procedimiento sancionador estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, instancia que deberá determinar si existe un conflicto de interés por el vínculo que mantiene su titular, Arely Gómez, con el actual secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
Explicó que corresponde a la Visatuduría General de la PGR explicar por qué Zerón de Lucio podría ser sancionado administrativamente y no penalmente.
Higuera Bernal comentó que la fiscalía a su cargo también investiga al actual titular de la AIC, Omar García Harfuch, a quien los padres de los normalistas acusan de tener vínculos con Sidronio Casarrubias, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Al respecto, Vidulfo Rosales, afirmó que en este proceso hay una serie de irregularidades, pues en un principio se habló de 18 casos de responsabilidad por parte de servidores públicos que ameritaban dar vista al Ministerio Público.
Por su parte, Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel, afirmó que este año tiene que ser definitivo para el esclarecimiento del caso Iguala.
Los padres de los normalistas y las autoridades federales acordaron tener una próxima reunión el próximo 9 de marzo.