La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad a las reformas y adiciones a diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, en materia de justicia laboral, luego de recibir los votos aprobatorios de 17 legislaturas de los estados.
En la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Javier Bolaños Aguilar instruyó turnar el documento al Senado para sus efectos legales.
“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales”.
Por su parte, el diputado del PRD Julio Saldaña Morán aclaró que con esta reforma no se le da un cheque en blanco al Poder Judicial.
“En el PRD nos queda claro, no estamos dando un cheque en blanco al Poder Judicial, ya que éste vigilará que los beneficios se reflejen en bondades a las trabajadoras y trabajadores mexicanos. Hoy, dijo, se les da certidumbre y justicia, y se pronunció por atender los trabajos de las leyes secundarias para robustecer el nuevo mecanismo.
En su oportunidad, la diputada del PRI Ana Georgina Zapata Lucero resaltó que con la reforma en materia de justicia laboral se deja atrás un modelo ineficiente.
“La reforma pretende acabar con todos los vicios, espacios susceptibles de tutelar inercias y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica en perjuicio de los actores involucrados. Con nuevos tribunales laborales enmarcados en el Poder Judicial de la Federación y en los estados, dejamos atrás un modelo ineficiente e insolvente”.
Al respecto, el diputado de Nueva Alianza Carlos Gutiérrez García señaló que con este dictamen se busca hacer que la justicia laboral sea más sencilla y expedita para los trabajadores, y que deje de formar parte de las atribuciones de los ejecutivos para pasarla al Poder Judicial a nivel federal y estatal.