El Frente por la libertad de expresión y la protesta social expresó su preocupación ante la discusión de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, debido a que hay varios puntos que serían aprobados por la suprema corte de justicia de la nación (SCJN).
Poco antes de que se ponga en la mesa el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayan, el grupo conformado por diferentes Organizaciones Civiles pidió a la SCJN que se debata de manera precisa cada punto de la llamada “Ley Eruviel”, debido a su intenso contenido de reprimir movimientos sociales, libertad de expresión así como el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos.
En un comunicado, el frente llamó a los ministros a que no den luz verde a esta norma que, desde su punto de vista, representa un retroceso para los derechos humanos a la vida, integridad y libertad personal y a la vigencia de las libertades democráticas en México.
Recordaron qué hay varios casos donde se ha presentado el uso excesivo de la fuerza en diferentes partes de la República, por lo que en caso de aprobar la “Ley Eruviel” dejaría la posibilidad de que se siga con los abusos.
“Casos como Atenco y Oaxaca (2006), Chalchihuapan (2014), Nochixtlán (2016), Ixmiquilpan, y Playas de Rosarito (2017), evidencian cómo la protesta ha sido calificada como disturbio o desorden público, dando pauta al uso de la fuerza pública como primera opción y sin observar los principios de absoluta necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas, además de no contar con normas claras para la supervisión y control de dichos operativos que se traduzca en una posterior rendición de cuentas. Cabe mencionar que el caso Atenco fue recientemente sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quién enjuiciará a México por las violaciones a derechos humanos cometidas en dicho caso.
“No obstante lo anterior, la obligación del Estado de limitar el uso de la fuerza, actualmente se desvirtúa mediante legislaciones permisivas sobre el uso ilegítimo de la fuerza (a través de diversas iniciativas a nivel local e incluso en relación con las Fuerzas Armadas), generalmente mediante la incorporación de supuestos amplios para permitir el uso de la fuerza frente a manifestaciones, a las que generalmente se les clasifica de manera negativa; estableciendo así, salvaguardas frente a actos arbitrarios de las corporaciones policiacas y sin establecer mecanismos claros de supervisión, control y rendición de cuentas”, se lee en el comunicado.
El próximo lunes 27 de febrero, la SCJN inicia la controversia con un objetivo principal, limitar o dar acceso a las policías de utilizar el uso de la fuerza antes de llegar a un diálogo para evitar alguna confrontación con manifestantes.
Pérez Dayán propone anular una parte del artículo 40 de la ley que permite usar la fuerza pública “como primera opción” según el caso, ya que desde su órbita, esto atenta contra el principio de máxima necesidad por el que la fuerza debe ser el último recurso.
“El uso de la fuerza, bajo ninguna concepción democrática y basada en los derechos del hombre, puede ser concebida como la primera opción a la que pueden recurrir los agentes del orden público en el desempeño de sus funciones”, según el proyecto del ministro.
Este lunes, la Suprema Corte abrirá la discusión para determinar si la “Ley Eruviel” es modificada, detenida o avalada.