En la Cámara de Diputados, fue preciso que un juez emitiera un apercibimiento e impusiera una multa de aproximadamente siete mil pesos a la Subcomisión de Examen Previo, encargada de desahogar las solicitudes de juicio político, para que esa instancia anunciara que sesionará este mismo día.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, fue el encargado de confirmar que al recinto parlamentario llegó la petición formal del Juzgado Décimo Segundo en Materia Administrativa de la Ciudad de México, para que la Subcomisión referida cumpla sus obligaciones.
“El Juzgado Décimo Segundo en Materia Administrativa de la Ciudad de México nos apercibe por inacción, porque la Subcomisión de Examen Previo no ha sido convocada para analizar los expedientes que se tienen acumulados desde hace cuatro Legislaturas. Ha sido apercibida por segunda ocasión por cierto esta Subcomisión y en esta ocasión hay una multa económica, porque no acatamos esta instrucción”, refrendó.
Triana Tena advirtió que si la Subcomisión presidida por dos diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no acata la orden que ha recibido, los legisladores recibirán una multa doble; y si insisten en no abordar las decenas de expedientes de juicio político acumulados, caerán en desacato y podrían ser sancionados administrativa e incluso penalmente.
“Dice que podemos ser acusados desacato aún sin ocupar el cargo, esto es algo histórico. Hacemos aquí el llamado a estos presidentes a que convoquen a la brevedad y de inmediato para poder desahogar estos juicios políticos. Esto no es un asunto de partidos, hay personajes atrapados en esos expedientes de todos los institutos políticos. No queremos más impunidad y exigimos que sesione y se aborde cada uno de estos expedientes de inmediato”, demandó.
El congresista subrayó que el problema no es que la Subcomisión de Examen Previo deba pagar una multa de poco más de siete mil pesos, sino que los co-presidentes de esa instancia parlamentaria que también presiden las comisiones de Gobernación, en el caso de la diputada Mercedes Guillén; y de Justicia, a cargo del diputado Álvaro Ibarra, ambos priístas se nieguen a realizar su trabajo y no convoquen a los integrantes a sesionar.
Por su parte, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Hernández Soriano se sumó a la petición de “quitar el velo de impunidad” que priva en San Lázaro.
También lamentó que los presidentes de las comisiones de Gobernación y Justicia hayan dado como respuesta a los apercibimientos y órdenes del Poder Judicial al Legislativo, que solicitarán revisar los mandatos judiciales en cuestión, cuando deberían estar ocupados en cumplir las leyes que se aprueban en el propio Congreso de la Unión.
La diputada del PAN, Karina Padilla, celebró que finalmente la Subcomisión vaya a sesionar y exigió que todos los asuntos pendientes se sometan a revisión.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Víctor Sánchez, fue más allá al demandar que los diputados que tienen cuentas pendientes con la ley y sobre los que pesan solicitudes de juicio político o bien, de desafuero, dejen de escudarse en el fuero que el cargo les confiere, pidan licencia y se sometan a la ley.
En respuesta, el diputado Ibarra Hinojosa anunció desde su curul que este mismo jueves 23 de febrero, la Subcomisión sería convocada a reunión.
El legislador priísta sorprendió al aseverar que se suma a los señalamientos de los legisladores de oposición que reclamaron la inmovilidad del órgano parlamentario del cual es co-presidente.