La fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados propuso reforzar los mecanismos de vigilancia en torno a la entrega de licitaciones del sector público, a través de otorgar mayores facultades a los testigos sociales.
El coordinador Alejandro González afirmó que con ello, se fortalecerá el combate a la corrupción y la transparencia en la entrega de contratos para obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios en el orden gubernamental.
Aseveró que en el marco de la presentación de los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015, realizada Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual destacó que el desvío y uso irregular de recursos frecuentemente se ejecuta entre otros procedimientos, a través de contrataciones y licitaciones públicas irregulares, el legislador señaló que es preciso cerrar la puerta a ese factor de corrupción.
Recordó que de acuerdo a organismos internacionales, la corrupción le cuesta al país entre el nueve y el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, recursos multimillonarios.
Por lo anterior, indicó que su bancada propuso reformas a las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el fin de que los “testigos sociales” puedan vigilar más de cerca la entrega y cumplimiento de contratos con instancias gubernamentales.
Puntualizó que los testigos sociales deberían dar un seguimiento más puntual a los contratos para obra pública, arrendamiento o prestación de servicios; estar autorizados a verificar contratos por montos menores a los establecidos, es decir, no solo por 10 millones de Unidades de Medida y Actualización, sino por cinco millones, lo que permitiría poner el ojo del ciudadano en dichas operaciones.
El también integrante de la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios, afirmó que al supervisar de cerca el uso del presupuesto, se promoverán tanto la austeridad, como la racionalidad y la disciplina en el gasto.
González Murillo afirmó que al atender las observaciones de la ASF, demandar que los responsables por un uso irregular de los recursos públicos sean sancionados y devuelvan el dinero desviado, y al reforzar los mecanismos de control en la asignación de contratos y licitaciones públicas, no se emprende ninguna “cacerías de brujas”, sino que se promueve la aplicación de la justicia.