El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho, presentó una serie de iniciativas de reforma en materia de justicia, que prevén catalogar como delitos graves “en contra de la seguridad de la Nación”, la portación y acopio de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; así como el financiamiento al terrorismo y la sustracción ilícita de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Al presentarse en la Tribuna de San Lázaro, el legislador aseveró que con ello, el país asumirá un papel de “buen vecino” y colaborará en la lucha contra los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el hemisferio.
Dijo que el paquete de cambios a 73 artículos de nueve leyes distintas, tiene por objetivo garantizar la integridad de las personas, la convivencia pacífica, dar a las autoridades herramientas suficientes para la investigación ágil de los delitos, así como enmendar las lagunas legales del nuevo sistema de justicia penal, que admitió, tardará mucho tiempo en adecuarse y aplicar al cien por ciento.
Puntualizó que entre otros elementos, los ajustes propuestos incluyen dictar prisión oficiosa por la sustracción de petrolífero y al tráfico de personas; crear una Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en Adolescentes, a fin de penalizar adecuadamente las conductas delictivas en que éstos incurran.
Asimismo, propuso hacer eficientes los mecanismos de bloqueo y anulación de señales de telefonía celular, telecomunicaciones y transmisión de datos e imágenes desde las cárceles; y donar los bienes utilizados para cometer delitos en materia de propiedad industrial o derechos de autor.
En respaldo a esos proyectos, afirmó que es preciso dejar a un lado el “falso dilema” de que combatir firmemente al delito, implica violaciones a los derechos humanos.
“Hay sectores de la sociedad que le exigen al Estado mexicano eficacia, es decir, buenos resultados en materia de seguridad sin tener contemplación respecto de los derechos humanos. Y hay quien sugiere que nunca se podrá impulsar ninguna acción pública si ésta vulnera los derechos humanos. El dilema es falso porque lo que la sociedad está exigiendo, y tiene razón, es eficacia en la acción pública, especialmente de las policías, y respeto cabal a los derechos humanos”, argumentó.