El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reclamó ante las puertas del Senado y con diversas acciones en Guadalajara, Guerrero, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, Veracruz, el retraso en la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.
Los inconformes demandaron que “se legisle en este periodo”.
Familiares, defensores y activistas han trabajado con las Comisiones del Senado (Derechos Humanos, Gobernación, Justicia) una propuesta de Ley que “sea operativa, que no contribuya a la burocracia que actualmente enfrentan las familias en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, que contemple la participación de las familias y que cuente con los recursos necesarios para ejecutar las acciones de búsqueda”.
La responsabilidad del Estado frente a la situación generalizada de desaparición forzada de personas en el territorio nacional hace necesaria la implementación de mecanismos novedosos de búsqueda, así como la construcción de instituciones que gocen de capacidades humanas, técnicas y presupuestarias para cumplir con su mandato de forma eficaz, detallan en un posicionamiento.
En el caso de desapariciones de personas migrantes, a pesar de que existe la Unidad de Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior, las familias de las personas migrantes desaparecidas aún enfrentan severos retos para acceder a la justicia mexicana, por lo que se deberán incorporar comisiones y planes de búsqueda integrando las solicitudes de las víctimas que se encuentran en el extranjero y deberá considerar las buenas prácticas como Comisión Forense para la identificación de migrantes desaparecidos.
El 1 de Febrero de 2017 inició el Periodo Legislativo y los inconformes exigen a la Secretaría de Gobernación y al Senado de la República crear condiciones que garanticen eficacia en la búsqueda de personas desaparecidas y que asegure los derechos de las personas desaparecidas y de las familias en México y Centromérica.